Increíblemente a los uruguayos nos cuesta aprender de la historia, principalmente de la historia más reciente. Tozudamente, los uruguayos continuamos creyendo que el Estado o en particular el gobierno es el responsable directo sobre todos los males de la sociedad, olvidando el entorno en el que vivimos y las cada vez más crecientes limitaciones de los estados y los gobiernos para cambiar ciertos rumbos.

          La economía global crea una fuerte disociación entre las instituciones políticas nacionales y sus estrategias para controlar las fuerzas económicas internacionales. A diferencia del pasado, donde las fuerzas políticas nacionales orientaban a las fuerzas económicas, la economía globalizada crea un mundo en el cual las fuerzas geoeconómicas externas a la nación son quienes en definitiva dictan las políticas económicas nacionales. Los gobiernos nacionales pierden poco a poco muchos de sus recursos de control económico. La era de las regulaciones gubernamentales sobre las empresas ha concluido, las inversiones se dirigen hacia donde no existen regulaciones y estos desplazamientos se producen al tiempo real en que se toma la decisión de hacerlo. En un mundo caracterizado por el libre flujo de capitales está convirtiendo a nuestros gobiernos en feroces competidores por atrapar parte de ese flujo. Las reglas de este juego quedan claramente diseñadas, los capitales van hacia aquellos lugares donde exista la menor regulación y las más bajas cargas sociales.

En este mundo globalizado cuando un país tiene altos impuestos y gastos sociales, las actividades se trasladan hacia otro lugar donde esto no sea así. Los programas de inversión gubernamentales deben tener una clara prioridad en el sentido de financiar obras de infraestructura en comunicaciones, vial, o de mejora en los servicios, antes que inversiones que vayan directamente a la población. Esta es una realidad que, por más dura que nos parezca, no podemos eludir. Estamos en plena etapa de transición, donde la era de las regulaciones nacionales ha llegado a su fin, mientras que la era de las regulaciones internacionales todavía no ha llegado. Sobre estas premisas ineludibles es que se han movido nuestros dos últimos gobiernos, a un paso seguramente más lento que en otras partes del continente, lo cual explica en gran parte que los costos sociales sean relativamente bajos. Que ello este bien o mal es harina de otro costal, en definitiva supone de la capacidad de las sociedades para manejarse en este entorno y estas limitantes. Desde siempre, la democracia y el capitalismo manejan puntos de vista muy opuestos con relación a la distribución del poder. Para la Democracia debe existir una distribución igualitaria del poder político, cada ciudadano es un voto, para el capitalismo el poder es de los económicamente más aptos, de los más competentes y quienes no cuentan con esa capacidad deberán quedar fuera del juego. Esto no es un juicio de valor, es simplemente una realidad, son hechos. ¿Cómo es posible que democracia y capitalismo puedan convivir con esta diferencia de criterios tan radicalmente opuesta? Muy sencillo, porque ha existido un equilibrio, siempre difícil pero posible, entre el poder del dinero y el poder político. Cuando la economía acapara el poder social y político, esta convivencia se vuelve muy difícil de sostener.

El libre mercado ha demostrado su incapacidad innata para distribuir riqueza, aunque funciona como el único mecanismo conocido para generarla. Esto nos llevó en el pasado a una fuerte intervención del poder político para evitar que las fuerzas del mercado generan desigualdades sociales muy difíciles de manejar. Este afán de control generó el Estado benefactor que funcionó como el gran amortiguador de las desigualdades naturales del mercado. Aquí esta el principal problema que enfrentamos al fin del siglo, por haber creído excesivamente en la acción política es que hoy dejamos de creer. Luego de un siglo cargado de absolutismos de Estado, con el regreso a las economías de mercado nuestro continente vio renacer las democracias en casi todos los países y esto también es un hecho insoslayable. No podemos dejar de reconocer que hoy empezamos a disfrutar de las enormes ventajas que supone la limitación del poder del Estado, de aquel estado voluntarista que rigió durante tanto tiempo nuestra economía mientras la realidad internacional se lo permitió y que finalmente nos demostró su total incapacidad para manejarse en un contexto competitivo. Creo que hemos aprendido que la economía de mercado es una herramienta formidable para limitar el poder absoluto del estado, es más, considero que ella es una condición indispensable para la democracia. Pero no nos equivoquemos, la economía de mercado no garantiza la democracia, en realidad es una constante amenaza para ésta. En realidad la liberalización de nuestra economía se inicia con los gobiernos autoritarios, siendo el caso chileno el más paradigmático en este sentido. Por otra parte muchas revoluciones realizadas en nombre de la democracia suprimieron la economía de mercado y para ello terminaron matando la propia democracia. Este no es un juego de palabras, es la compleja realidad social que debemos saber administrar.  

Entiendo que debemos llegar a una idea más equilibrada donde no hay democracia sin economía de mercado, pero ésta es sólo una condición necesaria y no suficiente. Esto supone revertir el razonamiento clásico del liberalismo, la democracia no es el acompañamiento necesario de la economía de mercado sino que debemos encontrar las condiciones para que la economía de mercado nos conduzca al desarrollo. La economía liberal recela de la intervención política en la economía y cuenta con muy buenos antecedentes para hacerlo, mientras que la democracia recela de la supremacía economicista puesta al servicio de la acumulación del capital, también por muy buenas razones. El equilibrio radica en que la economía de mercado puede generar crecimiento, pero por sí sola no genera desarrollo, requiere de la acción política orientadora con una impronta social y ética muy fuerte.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 25 de marzo de 2000

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