Cinco años atrás, las encuestas de opinión pública mostraban que uno de los principales (sino el principal) motivo de preocupación de los montevideanos radicaba en el incremento de la delincuencia. Los montevideanos, así como los vecinos de ciudad de la Costa y Maldonado, comenzamos a vivir un proceso totalmente desconocido para la tradicional vida pueblerina a la que estábamos acostumbrados. El tiempo fue pasando, el tema perdió dramaticidad y atención pública, no porque se hubiera revertido la situación simplemente porque la problemática de la inseguridad laboral ocupó el primer lugar de las encuestas. Diarios e informativos continuaron mostrando ese nuevo estilo de vida teñido por asaltos y rapiñas de diverso tipo. No es un problema de “sensación térmica”, estamos frente a un problema muy real que se expresa cotidianamente en nuestras calles, en los comercios, bancos o en nuestros propios hogares. Nadie puede negar, ni lo hace, que la delincuencia en el país ha adquirido niveles y características muy diferentes a las de 10 o 15 años atrás, que han convertido este tranquilo y apacible rincón del mundo en un lugar peligroso.  

Nuestro país ha sufrido muchos cambios. Abiertos al mundo, en todos los aspectos, los buenos y los malos, importamos productos, tecnologías y pautas de conducta de ese mundo que muchas veces poco tiene que ver con la tradicional cultura uruguaya. Ello está generando un choque cultural, institucional y social muy fuerte que repercute en distintos aspectos, entre ellos, la seguridad ciudadana. El tema de la delincuencia no es sólo un problema de índole económico, aunque éste lógicamente incide, hoy la delincuencia se expresa también en sectores socio económicos medios, donde consumismo, drogadicción, desempleo, desintegración familiar, fronteras más abiertas, exposición constante a pautas de conducta delictivas y violentas, a través de la televisión, son algunos de los múltiples factores que hoy inciden en el incremento de los actos delictivos. Este ya no es un problema de cantidad, sino de calidad, el tipo de delincuencia es diferente.

        Nuestra institución policial está muy lejos de contar con la capacidad mínima para enfrentar estos nuevos fenómenos delictivos, como muchas de nuestras instituciones en una etapa de cambio no tiene capacidad adecuada de respuesta a los nuevos roles que le toca jugar. Burocrática, desgastada, con pocos recursos, desprofesionalizada, mal remunerada, con importantes grados de corrupción, y en muchos casos sin la adecuada cobertura legal, así como desprestigiada entre la población, difícilmente pueda estar a la altura de las circunstancias. Cuando pensamos que contamos con un contingente policial totalmente insuficiente en calidad y cantidad, que la venta de hierro crece aceleradamente enrejando nuestras ventanas y puertas, que ya comenzamos a tener zonas residenciales amuralladas con vigilancia permanente, no podemos dejar de sentir que estamos regresando a la época medieval donde los señores feudales se amurallaban y entre un castillo y otro era la tierra de los bandoleros. Más allá de este símil catastrófico, tenemos que reconocer que este problema a su vez se convierte en un factor de clivaje social muy importante. Ya existen barrios por donde no se puede transitar, ni la propia policía, personas que por su vestimenta humilde es catalogada de sospechosa. Hoy existe un sector social que enreja su vivienda, coloca una alarma electrónica y/o contrata guardia de seguridad, que circula sólo por determinados lugares, que traslada a sus hijos en auto, que compra dentro de la seguridad que les brinda un shopping y que comienza a mirar con desconfianza a un muchacho que recoge basura en su carrito. Por otra parte tenemos quienes no pueden disponer de estos elementos de protección y que son quienes en última instancia resultan más perjudicados por la criminalidad. Como se ha comprobado en otras partes del mundo, el temor frente a la delincuencia, el sentimiento de desprotección ante la desconfianza en las fuerzas del orden y en la propia justicia, inevitablemente van generando pautas de comportamiento y estilos de vida difrenciales, eliminando poco a poco las áreas de contacto entre los estratos altos y bajos de la sociedad. 

La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a permitir que este fenómeno continúe avanzando sin tomar medidas? Lógicamente, se me dirá que se han tomado medidas en el plano jurídico y operativo. Es cierto, pero desconfío mucho de la eficacia de las penas severas y en el plano operativo existe más buena voluntad que medios. Oír al ministro Stirling nos genera sentimientos contradictorios. Por un lado vemos un ministro conciente de los problemas y de su gravedad, con claridad en lo que se debe hacer y con un estilo muy humano de enfocar el problema. Pero, por otra parte vemos que la orfandad de recursos es total. Creo que estamos sentados sobre una bomba de tiempo, y que no existen indicios de decisión política clara en atacar el problema en forma radical y fundamentalmente con mucha creatividad. Vemos acciones que siguen el camino de la “disuasión” por medio de penas más severas. Equivocado. El centro de la cuestión radica en la institución policial, en darle muchos más recursos y una nueva orientación. El segundo aspecto aparece bien encaminado con el actual ministro, sin embargo estamos ante la aprobación del presupuesto y no existen señales que, en este sentido, habrá un cambio sustancial. Lógicamente me dirán: no hay plata, el déficit fiscal es la prioridad. Lo sé y estoy de acuerdo, pero ello no puede ser una definición absoluta y homogénea. Las sociedades tienen prioridades, y en nuestro caso pasan por la educación y la seguridad pública. Allí habrá que invertir y en lo inmediato, por la sencilla razón que ya expiraron los plazos. Si los procesos de deterioro continúan, llegará un momento que será imposible recomponer situaciones. Podremos acostumbrarnos, como en otras sociedades, a vivir atrincherados, a resignar definitivamente ciertos estilos de vida, pero me niego a aceptarlo con tanta facilidad. El gobierno y el parlamento tienen la palabra y la responsabilidad.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 03 de junio de 2000

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