Jueves 8 de junio del 2000, 100 días del gobierno de Batlle, paro general. Así de fácil, claro y tradicional. ¿Por qué el paro? Por las dudas, para demostrar que los trabajadores no son tontos, que tienen “fuerza”, que no están dispuestos a que un nuevo gobierno neoliberal acreciente la indebida apropiación de la plusvalía que genera el trabajador. Esto es la lucha de clases, contra el capital y sus socios en el gobierno. El país se hunde en la miseria y la desesperación, 170 mil personas no tienen empleo y 385 mil están subocupadas, con miserables salarios, sin ningún tipo de derechos o cobertura estatal. Se cierran fábricas, mutualistas, y la basura se amontona en las calles de la capital, ¿cómo no hacer un paro general? El gobierno es el responsable, debe aumentar los sueldos de los funcionarios públicos, establecer un salario mínimo exigible a toda la actividad privada, continuar aumentando las jubilaciones, crear empleo (¿) y, de paso, castigar a los militares. 

            Lamentablemente, esto no es una simple caricatura, es la realidad lisa y llana. Este es el pensamiento rector de nuestra dirigencia sindical, que en esta ocasión adquirió una virulencia verbal y en acciones concretas realmente increíble. En las oratorias de los actos barriales que animaron este paro pudimos oír la vieja retórica antifacista, muy común en aquel PC de los años 50 y 60, donde el gobierno de Batlle era acusado de utilizar los mismos métodos propagandísticos del nazismo. También a un dirigente sindical, que fuera detenido por atentar contra el transporte colectivo de pasajeros, en el momento de llegar a un juzgado acusa al gobierno de antidemocrático, represor de los trabajadores, al estilo del “pachecato”. Toda esta violencia verbal fue abonada por atentados contra el transporte de pasajeros y trabajadores de la prensa, sin perder la oportunidad de agresiones para saldar cuentas internas en relación al conflicto de Adeom con la intendencia frentista.

             Sin pretender negar que estos episodios me generan cierta indignación, creo que merecen de una reflexión calma, porque no responden a hechos aislados, impulsados por un pequeño grupo, sino que a un estado de situación en el mundo del trabajo sumamente preocupante. Una sociedad que pretende desarrollarse económica y espiritualmente, en un mundo muy difícil, competitivo, agresivo, donde nadie regala nada, requiere de instituciones fuertes, modernas, creativas y capaces de afrontar los nuevos desafíos. La institución sindical es una de ellas, es lo que denomino un sindicalismo en retroceso. Lamentablemente, en estas épocas de crisis institucional, el sindicalismo es de las más afectadas. Sus demostraciones de “fuerza”, como las vividas el día 8, se parecen más a un desesperado grito de ahogado, que a otra cosa. Dada nuestra idiosincrasia, paralizar el país no resulta nada complicado y con ello no se demuestra el “acatamiento” de las grandes masas de afiliados. En realidad todos saben que el nivel de afiliación sindical, lamentablemente, es muy bajo. Funcionarios públicos, sector financiero, transporte, algunos sectores de la industria y poco más. En un país, básicamente de servicios, donde predominan las pequeñas empresas y abundan los cuentapropistas, se hace y se hará cada vez más difícil la afiliación sindical. Ello se agrava por la vieja concepción clasista que práctica la dirigencia sindical, que se niega a comprender las nuevas formas que va adquiriendo el mundo del trabajo.

             El país requiere, ya no el Pit – CNT, de otra dirigencia sindical. El mundo del trabajo se basa hoy e la cooperación, no en la lucha de clases. Cooperar para incrementar la productividad, la eficiencia de nuestras empresas (públicas y privadas), creando condiciones para la inversión productiva, mejorando la calidad del trabajo y su remuneración. Hoy los problemas de las empresas y de los trabajadores son coincidentes. Sin embargo ninguna de las dos partes lo ve así. Hoy el único sentido que tendría una protesta pública de los trabajadores, donde se paraliza el país para ser oídos, pasa por otras reivindicaciones. Las famosas plataformas sindicales, en lugar de repetir el mismo contenido de 50 años atrás, debería incluir demandas al gobierno para que mejore su eficiencia, se modernice, baje los costos, proteja nuestros intereses comerciales en el exterior, rebaje impuestos, invierta en desarrollo tecnológico, elimine los monopolios, desregule actividades y facilite la inversión externa. Por el contrario se le pide que mágicamente cree empleo. Ello supone lisa y llanamente emisión de moneda, incremento del déficit y del endeudamiento externo, es decir inflación. Se pide mantener los monopolios estatales, como forma de asegurar las fuetes de trabajo, aumentar los sueldos que paga el estado, subvencionar actividades ineficientes, incrementar el gasto en seguridad social, salvar empresas fundidas, y un sinnúmero de cosas más que parten de la vieja visión del estado todopoderoso creador y actor principal de la economía. 

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 17 de junio de 2000

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