EL CASO RIVERO

            Hay cosas que no deberían ocurrir, pero ocurren. Podemos hacer de cuenta que no existen, pero existen. El tan sonado “caso Rivero” es uno de ellos. Cuando el viernes 8 de junio, el semanario Brecha da su versión sobre las causas que llevaron a la destitución del jerarca policial Roberto Rivero se desata una guerra de información – desinformación que para los incautos, que ninguna idea teníamos sobre estos hechos (la casi totalidad de los uruguayos), nos llena de estupor. Seguramente, luego de estas dos semanas, donde el tema acaparó la atención de toda la prensa, la mayoría de los uruguayos continúa preguntándose qué fue lo que ocurrió realmente. Lamento decir que muchas preguntas quedan sin respuesta, pero no tengo dudas que aquí se abrió una de esas cajas de pandora repletas de sorpresas. La impresión que queda es que dicha caja hizo públicos varios conflictos que en esta instancia se entrecruzaron.

             En primer lugar queda al descubierto un conflicto a la interna de la institución policial donde supuestamente Rivero representaba la carta de la renovación a la que apostaba el ministro Stirling. Este es uno de los grandes temas pendientes que tiene nuestra sociedad, porque siempre resultarán insuficientes los incrementos presupuestales, si no se transita decididamente por el camino de la renovación de los mandos policiales. En este sentido, el ministro Stirling ha dado claras muestras de iniciar ese proceso, pero lamentablemente -en función de lo ocurrido- el inspector Rivero no era una buena apuesta.

          En segundo lugar queda al descubierto un conflicto de carácter funcionarial, donde un oficial superior actúa por su cuenta, en función de objetivos ajenos a la institución policial y al propio ministerio, emprendiendo acciones judiciales que comprometen a una serie de personas e instituciones sin la más mínima prueba y sin informar a sus superiores. Los escritos iniciales de Rivero y el oficio que se eleva a la justicia, transcribiendo estos escritos, resultan totalmente inadmisibles por su inescrupulosidad. Allí se acusa directamente, sin uso del condicional, a periodistas, profesionales, estudios jurídicos e instituciones financieras, de nuestro medio sin aportar el más mínimo indicio. Ello resulta totalmente inexplicable, proviniendo de un oficial de carrera, con larga trayectoria. Peor aún cuando se insiste en los dichos y se niega a aportar pruebas al propio ministro. Las amenazas telefónicas al periodista Arbilla son adicionales, lo actuado ya merecía la destitución. 

En tercer lugar surge un conflicto de garantía ciudadana. Muchas veces y en diferentes áreas, el ciudadano esta indefenso ante el enorme poder del estado. Constitucionalmente existen muchas garantías pero estas son necesarias de defender para preservar nuestra democracia en libertad. Este lamentable episodio demuestra la fragilidad de nuestras garantías ciudadanas. Es muy grave el daño que se puede causar a una persona haciendo públicas acusaciones sin el menor fundamento. En este caso, el simple hecho de vender una propiedad a una SA que, en ese momento, operaba legal y libremente en nuestro medio alcanza para asegurar, en un oficio a la justicia, de que el vendedor era el principal contacto de una organización delictiva. No importa lo que venga después, de poco sirven las explicaciones o aclaraciones, el daño social está hecho con sus consecuencias en el plano profesional. No es la primera vez que ocurre, y lamentablemente alguna prensa ha jugado un rol nefasto en este sentido. Resulta sorprendente que periodistas y políticos opositores no sean los primeros en defender estas garantías ciudadanas frente al estado y por el contrario defiendan al policía que cercena esas garantías.

Ello nos lleva a un cuarto conflicto que tiene que ver con nuestra prensa. Es esta una institución clave en el desarrollo de una sociedad democrática. Es, a su vez, una institución que goza de credibilidad entre la población, lo cual acrecienta su responsabilidad. Su deber es informar, pero deberá hacerlo conciente del poder que se tiene. Las formas y estilos en que es presentada una información hacen la diferencia. La prensa también opina, pero deberá separarse claramente la opinión de la información y hacerlo notar. Desde el inicio esta información fue presentada con un claro sesgo donde información e interpretación se confundían totalmente. Cuando se titula: “El caso Arbilla”, se está desinformando o dando una opinión, pero no informando. Todo el episodio está centrado en las acciones de Rivero y su posterior cese, sobre una investigación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Arbilla es el denunciante de un atropello contra su prestigio personal, no es el centro del episodio. Sin embargo alguna prensa prefirió presentarlo diferente, sin medir que ello suponía prejuzgar que la acusación sin pruebas de Rivero es cierta. Creo que allí primaron rivalidades periodísticas, personales, incluso políticas, así como intereses comerciales sobre la objetividad de la información. 

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 24 de junio de 2000

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