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DESREGULAR, ¿QUÉ? El 1º de marzo, en la ceremonia de asunción del mando, el presidente Batlle planteó las ideas centrales de su futuro gobierno. Desmonopolizar y desregular, fueron términos utilizados en más de una oportunidad, dentro de su discurso, aunque otros anuncios acapararon la atención y ya nadie profundizó en estos aspectos. Pero hemos llegado al cruce de caminos, el parlamento deberá aprobar un presupuesto elaborado por el ejecutivo y allí –supuestamente- se replantearán estos temas. ¿Qué se desmonopoliza, qué se desregula? ¿Qué ocurrirá con la reforma del estado? En realidad muchos estamos a la espera de saber en qué sectores específicamente podrán concretarse estas reformas o cambios. Sabemos que la telefonía básica no será desmonopolizada, aunque el Ing. Bracco fue muy claro al afirmar que la tozuda realidad generada por los adelantos tecnológicos va más allá sin esperar las pesadas decisiones políticas de los gobiernos. Por su parte, desregular supone eliminar una serie de intervenciones estatales, en muchos casos absurdas y en otras por demás obstaculizadoras de un buen funcionamiento. En este aspecto nuestro país tiene una larga lista “de espera” por una decisión política que destrabe ciertas situaciones. Comprendo que no resulta tan fácil, en una sociedad donde la intervención estatal ha pasado a formar parte de nuestra cultura y nos cuesta imaginar otras formas de hacer las cosas.
Pero tomemos un ejemplo de actualidad, la atención de la salud. Un
área por demás sensible, que está inserta en una crisis muy honda y
frente a la cual nadie parece saber qué hacer. En términos comparativos
nuestro país ha logrado una cobertura de salud envidiable, y posiblemente
ello se haya logrado a la regulación estatal. Hoy este sistema no
funciona y se encuentra plagado de ineficiencias y perversiones que
finalmente castigan al usuario. La cobertura continúa siendo amplia, pero
la calidad en la atención de salud es cada vez peor. El estado fija los
precios y controla las prestaciones que se deben brindar, garantizando la
atención al usuario, con resultados que cada vez son peores. La mayoría
de los uruguayos están cubiertos por el sistema mutual, aunque en casi el
60% de los casos quien paga es el estado a través de DISSE. Lógicamente,
el estado paga la cuota mensual, no las órdenes y tikets para atenderse,
con lo cual parte de estos afiliados (no sabemos cuántos) recurren a la
salud pública para atenderse dejando la mutualista sólo para internación
o alguna urgencia. Con lo cual estamos pagando dos veces y superponiendo
servicios. Buen ejemplo de la ausencia de transparencia que caracteriza a
todas las intervenciones regulatorias del estado.
Claro que el problema no termina allí. La administración de las
mutualistas, en general, se encuentran en manos de personal no calificado
y, lo que es peor, dominado por una cultura burocrática de organismo público.
Los colectivos administrativos siempre dan pésimos resultados y habilitan
la corrupción y el clientelismo. La inversión irracional en equipamiento
de alta tecnología resulta un ejemplo por demás elocuente de lo que
ocurre en ese nivel. A ello debemos sumarle una perversa concepción del
sistema donde el médico es la figura central, estructurándose todo en
función de él y no del usuario. Hoy el sistema mutual carga con la
responsabilidad de ser la principal o única fuente de empleo del
importante contingente que se genera en la Facultad de Medicina. Pero
también el estado actúa como garante de las fuentes de empleo en la
salud. Ante el cierre de una mutualista, no sólo se preocupa por los
afiliados, garantizando como es lógico que nadie quede sin cobertura,
sino que también redistribuye el personal técnico y no técnico,
posiblemente trasladando el problema a otras mutualistas. La impresión
que uno tiene es que sólo atinamos a poner parches, trasladando el
problema hacia delante pero sin buscar una solución definitiva. Una
encuesta de opinión pública, publicada por el diario El País, semanas
atrás, mostraba la reacción de la población frente a la crisis del
mutualismo. Los resultados son preocupantes y seguramente condicionantes
de las decisiones políticas. La mayoría se inclinaba por una solución
intervensionista (¿más?) que implicaba dos vías: subvencionar a las
mutualistas o pasarlas a la órbita del estado. Opiniones representativas
de esa inconciencia generalizada donde el estado todopoderoso gasta con
dinero que no importa de dónde proviene.
En un país donde la inversión en salud es importante, el problema
central pasa por una adecuada administración, tanto en el sector mutual
como el la orbita del MSP. Algunas medidas anunciadas por el actual
ministro apuntan en este sentido (descentralizaciones, perfil gerencial de
los directores, transparencia en la gestión, etc.) pero, hasta el
momento, no se conocen propuestas más globalizadoras que planteen
soluciones de fondo. Como en muchas otras áreas, en la salud debemos
sincerarnos y ser muy firmes en atacar los aspectos centrales del
problema. Ello requiere redefinir el rol del estado en esta área, pensar
seriamente en la posibilidad de un mercado de la salud más abierto, menos
intervenido, lo que seguramente permita que el estado concentre sus
esfuerzos en garantizar la cobertura de salud a los sectores que realmente
no la pueden solventar y que esa cobertura sea de buena calidad. Claro que
esto no supone necesariamente que el estado sea quien dirija directamente
estos servicios de salud. La salud no es la única área en que se debería recorrer este camino. La educación es otro buen ejemplo, que podemos abordar en próximos artículos. Por: Juan Carlos Doyenart |
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