LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

            La sociedad uruguaya es básicamente democrática, por lo menos en el plano político. Creemos firmemente en la libertad de elección de nuestros gobernantes, en la rotación del poder y el pluralismo político. Somos esencialmente igualitaristas, creemos en la igualdad de oportunidades, pero aún más allá de ello, pensamos que debemos ser iguales. No nos gustan los que sobresalen, nos inquietan los excluidos y los exclusivos. Una sociedad democrática y mesocrática, donde la libre elección termina cuando genera desigualdades. Esta visión, predominante en nuestra sociedad, nos ha generado buenos resultados, evitando desintegraciones sociales tan características de otras sociedades latinoamericanas. Esa cultura nos permite exhibir con orgullo índices de distribución del ingreso sensiblemente más equitativos que muchos otros países del mundo. Pero también, en contrapartida, nos ha generado una serie de vicios que hoy se convierten en obstáculos más o menos importantes para nuestro propio desarrollo. 

            El ser liberal uruguayo siempre quedó opacado por ese ser socializante que tiende a igualar en todos los campos del quehacer humano. La individualidad y todo su potencial creativo siempre se vieron limitados por esa cultura homogeinizadora, que muchas veces se convierte en empobrecedora. Esta era digital, de las telecomunicaciones, genera sociedades mucho más diversificadas y potenciadoras de los espacios individuales, al contrario de la vieja sociedad de masas de la era de las chimeneas. Para una sociedad como la nuestra ello genera un choque cultural muy importante, difícil de asimilar en breve tiempo. Los individuos comenzamos a tomarle el gusto a la libertad de elección en todos los planos. Comienza a molestarnos, cada vez más, que el estado nos diga que hacer y cómo hacerlo. Contradictoriamente, no deja de generarnos cierto temor el tener que afrontar la incertidumbre de nuestras propias decisiones y continuamos demandando que ese estado decida por nosotros.

             Estas reflexiones vienen al caso cuando pensamos en nuestro sistema educativo. Allí hemos puesto toda la responsabilidad de planificación y decisión en manos del estado. La educación es uno de los principales resortes de las sociedades modernas, de allí se generan los principales procesos de integración – desintegración social, por lo cual resulta indispensable que el estado intervenga para impedir los procesos de exclusión. Pero, en nuestro caso vamos mucho más allá, el estado interviene con el fin de garantizar un proceso educativo común, homogeinizador y abarcativo de todos los sectores sociales. Todos aprenderán lo mismo y de la misma forma, el programa oficial es el único aceptado, deberá impartirse en todos lados con los mismos contenidos, enfoques y dedicaciones horarias. Los docentes sólo podrán ser aquellos que el propio estado forme, en carácter monopólico y la única bibliografía aceptada será la oficial. Para garantizar el estricto cumplimiento de estas normas y contenidos se conforma un sistema de fiscalización centralizado. 

¿Dónde queda la libertad de elección del consumidor? Bueno, si ese consumidor cuenta con cierto poder adquisitivo podrá enviar a sus hijos a un colegio privado donde la formación oficial será complementada con otras actividades “extracurriculares” como idiomas, computación, natación, música, etc. Pero no podrá, por más dinero que quiera pagar, optar por un programa curricular diferente al oficial, este es el único válido y habilitante. Aparentemente, ello debe ser así porque de otra forma se generarían elites con niveles educativos diferentes al resto, generándose procesos de dualización. Creo, que estos conceptos requieren ser revisados profundamente. Finalmente, los sectores sociales de mayor poder adquisitivo logran niveles educativos superiores a los sectores más carenciados. La igualdad de oportunidades no se garantiza por la vía burocrática de una oferta curricular oficial y monopólica, que termina siendo emprobrecedora y limitante de la libertad de elección. Se obtiene concentrando la acción del estado y sus recursos en enriquecer el nivel educativo de los sectores más carenciados y ello no es incompatible con la liberalización del sistema.

 Un ejemplo interesante de esta confusión conceptual resulta del programa de educación sexual que está implementando secundaria. Es alentador que esta temática finalmente se incluya en la curricula oficial, aunque no en la forma que se hace. Es aceptable, incluso positivo, que la educación sexual en los jóvenes sea obligatoria para todo el sistema educativo, tanto oficial como privado, pero otra cosa es que todos deban impartirla de la misma manera, con los mismos contenidos e idéntico enfoque. Justamente éste resulta un tema, que con idéntico fin, se puede enfocar desde muy diversos ángulos y orientaciones filosóficas. Es un tema que hace a las relaciones sociales y de pareja, a los estilos de vida y a las concepciones que cada religión tiene sobre el mismo. ¿Por qué el estado y a nombre de quién, asume el rol de definir esos contenidos? ¿Por qué todos los padres debemos aceptar que un grupo de técnicos o buróctratas estatales determinen el tipo de formación que tendrán nuestros hijos en materia de educación sexual? ¿Por qué los padres no tenemos la posibilidad de elegir el enfoque que consideremos más afín con nuestra filosofía? Sinceramente uno siente, en estos casos, que el estado se nos mete en nuestra casa, en nuestra vida particular e intenta digitar nuestras acciones. Quizás tantos años de estatismo “salvaje” impiden ver lo más elemental. 

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 22 de julio de 2000

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