Quizás por primera vez, en los últimos 15 años, todos nos hemos puesto de acuerdo sobre la situación del país: estamos en recesión. Ni gobierno, ni oposición, mucho menos los principales actores económicos discuten esta situación. Desde enero del 99, cuando la devaluación brasilera, sabíamos que deberíamos enfrentar una etapa difícil, sin embargo los pronósticos diferían en el tiempo y la forma que adquiría esta recesión. Algunos pensaron que en el segundo semestre del 2000 estaríamos saliendo de esa etapa, pero en realidad es cuando el ciclo recesivo parece profundizarse, según muestran todos los indicadores.

             Los ciclos comerciales son inherentes al capitalismo, este convive con las recesiones que forman parte del sistema capitalista y, por lo tanto, no es posible eliminarlas. Lógicamente que asumir su inevitabilidad no genera respuestas sobre la profundidad o duración de los ciclos recesivos. Por el contrario en esta economía globalizada, dominada por los flujos financieros, se hace muy difícil predecir el comportamiento y consecuencias de estos ciclos. Hoy los mercados financieros mundiales pueden transferir tanto dinero a través del mundo y tan rápidamente que las políticas monetarias deben adecuarse a sus dictámenes y no a las necesidades locales de la economía. Esto es así para países altamente industrializados, cuanto más para países como el nuestro. En consecuencia, las recesiones sólo se pueden tolerar, no es posible combatirlas. Teóricamente hablando, los gobiernos deberían aumentar los impuestos y bajar el gasto en los momentos de auge, para enfrentar las depresiones con disminución de impuestos e incremento de gasto. Sin embargo ello no funciona así. En las etapas de crecimiento los aumentos del gasto son mayores que la recaudación impositiva, se convierten en permanentes, siendo muy difíciles de disminuir. Ello obligaría a más aumentos impositivos lo cual es políticamente impracticable, tan impracticable como bajar el gasto. Hoy la tendencia mundial de los gobiernos no es combatir las recesiones con políticas de estímulo al crecimiento, por el contrario, los gobiernos centran sus energías en combatir la inflación y defender su moneda.

             A pesar de ello, la población espera que el gobierno alivie la situación combatiendo o eliminando la recesión. Su enojo no es contra los mercados financieros internacionales, es sobre los gobiernos que ellos eligieron. Resulta muy difícil, y principalmente muy duro, para un gobernante decir que nada puede hacer ante las fuerzas de los mercados internacionales, que han sido desplazados de sus anteriores funciones y que no deberían ser criticados por no realizar lo irrealizable. A pesar de ello, nuestro pequeño país ha manejado prudentemente su economía logrando una estabilidad que le permitió sobrellevar relativamente bien el primer impacto financiero de la crisis regional de enero del 99. Sin embargo ello parece haber sido insuficiente, más si pensamos en posibles consecuencias negativas de la crisis argentina, la cual sería imposible de sortear.

            Hoy nuestro país da la impresión de estar literalmente parado. Sin respuestas tanto en el plano del gobierno como de los actores privados. Los empresarios reclaman paleativos o incentivos, mientras que el gobierno centra sus energías en la reducción del gasto público. Una de cada siete personas de nuestra población económicamente activa esta parada, la carga impositiva es muy alta y difícil de bajar, el déficit fiscal obliga a la disminución del gasto e impide cualquier medida de incentivo. El Dr. Jorge Batlle asumió la presidencia de la República hablando de la segunda reforma y muchos dirigentes políticos, durante las campañas electorales del 99, hablaron de que había llegado la etapa de la inversión social. Nada de esto aparece en el horizonte, ni siquiera es tema de discusión. Es más, la segunda reforma anunciada por Batlle suponía un avance en el sentido de la modernización del país y en especial del aparato estatal. Desregulaciones y desmonopolizaciones, así como austeridad en el gasto del aparato central del estado, suponían medidas tendientes a facilitar y abaratar los costos de producción e incentivar la inversión externa. Esta segunda reforma económica, que iría más allá de las realizadas en los gobiernos de Lacalle y Sanguinetti, seguramente no generaría resultados en el corto plazo y por tanto no solucionaría varios de los problemas inmediatos. Por el contrario, posiblemente genere mayor oposición política. De todas formas, resulta legítimo preguntarse si no es sobre estas bases que deberíamos comenzar a caminar, sobre el entendido que muchas de estas reformas permitirán que en el futuro el país enfrente los ciclos recesivos con mayor fortaleza.

             La estrategia del gobierno de Batlle parece ser el ganar tiempo. Hoy los temas son más políticos que económicos, a diferencia que años anteriores. Ello sería bueno si los tema políticos fueran sobre políticas de estado, sobre el futuro del país y cómo este se inserta en la nueva economía. No es lo que ocurre. El gobierno, a la espera de mejores condiciones internacionales (que no se avizoran en el corto plazo), parece haber congelado su paquete de reformas y, por el contrario, regula aún más el sistema de salud o recurre a los libros de Keynes invirtiendo en obras como la del aeropuerto de Carrasco. La oposición demanda salarios sociales o se enfrasca en auditar los contratos de obra que realizó el anterior gobierno. En definitiva no deja de traslucirse una cierta resignación sobre nuestra total dependencia de las economías de Argentina y Brasil, de cuyo éxito o fracaso dependerá el nuestro. Nadie es tan tonto para negar esa dependencia, pero justamente es ella la que obliga a ser más creativos y asumir ciertos riesgos. Por ejemplo, ¿no será este el momento de liberalizar algunos mercados, como el de las telecomunicaciones, incentivando la inversión y dinamizando este sector? La pregunta merece alguna respuesta más allá de la resignación sobre una mal entendida cultura estatista de los uruguayos.

             Las encuestas muestran que el gobierno de Batlle goza de alta credibilidad, generando muchas expectativas, así como se expresa un buen nivel de comunicación entre el Presidente y la ciudadanía. Quizás estas “potencialidades” podrían utilizarse para enfrentar algunos de esos mitos que bloquean el país.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 05 de agosto de 2000

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