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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO ES IGUALITARISMO


           La polémica resulta de una sana costumbre de las sociedades democráticas, costumbre que los uruguayos supimos alimentar, que se interrumpió durante la dictadura y que luego no supimos recuperar. La polémica con altura siempre alimenta las ideas y aclara la razón, por lo cual me resulta particularmente grato polemizar con quienes han respondido a un artículo sobre estado y educación (El Observador, 22 de julio). Dicha columna, denominada “La libertad de elegir” generó varias réplicas, porque es muy difícil en este país meterse con la educación pública, uno de nuestros grandes mitos después de Maracaná y del Gardel de Tacuarembó. Voy a seleccionar dos de ellas, de muy diferente tenor.

             Por un lado el Dr. Diego Bimonte, que como es mi caso, concurrió a la escuela y liceos del estado, hace una encendida defensa del monopolio estatal de la educación como privilegiado mecanismo de igualación social. La amplia cobertura geográfica de las escuelas públicas permite que todos, independiente de su nivel económico, puedan disfrutar de esta enseñanza gratuita e igualadora. Dejando traslucir un cierto desprecio por la enseñanza privada a la cual se recurriría por el inglés, la piscina y como guardería de niños para disponer de más horas de trabajo, demanda mayores recursos para la enseñanza estatal. Coincido con la demanda, pero no con ese afán igualador. Esta es una vieja confusión de la gran mayoría de los uruguayos. El rol social del estado, a través de la educación, consiste en brindar igualdad de oportunidades, y no el monopolizar los contenidos educativos. La enseñanza privada juega roles muy importantes en la sociedad, entre otros el sacarle un peso importante al estado de aproximadamente el 20% de la matrícula. Cuando veo algún lujoso auto de un padre que lleva a su hijo a una escuela pública no dejo de preguntarme por qué motivo yo debo ayudarlo a pagar la educación de su hijo. Me pregunto por qué el estado debe distraer buena parte de sus recursos en familias de clase media alta y en fiscalizar que el British cumpla rigurosamente con el programa oficial. Las respuestas surgen de esa confusión entre un rol igualador y de igualdad de oportunidades. Ese programa único no evitará las desigualdades entre quienes concurren al British y a la escuela pública, en realidad esa inadecuada gestión de recursos termina alimentando las desigualdades.  El tema pasa, a mi entender, por aplicar los escasos recursos del estado en los sectores más carenciados brindando una educación de calidad. Que ese señor del auto lujoso, envíe su hijo a un colegio privado y libere recursos para aplicar en quien sí lo requiere. Que los cuerpos inspectivos de ANEP concentre energías en mejorar la calidad educativa del estado y no en fiscalizar a los privados. Seguramente estemos de acuerdo con el Dr. Biamonte.

             El otro ejemplo esta dado por la visión que Heber Gato expresa en su columna de Posdata. Allí plantea una discusión interesante entre el “estado de las familias” y el “estado de los individuos”, poniendo distancia del “estado como familia” donde el educador estatal no admite competencia. Gato se afilia a la tesis del estado de los individuos, por lo cual los menores de edad no son propiedad exclusiva de la familia y en definitiva el estado debe asumir parte de responsabilidad en la educación de esos ciudadanos. El estado democrático, pluralista, debe preservar ciertos valores de las desviaciones dogmáticas y fundamentalistas de cualquier grupo de pertenencia, inclusive la familia. Sin lugar a dudas un planteo de recibo, que merece un análisis más detallado. 

            Concuerdo con Gato en asignara al estado un rol en la preservación de ciertos valores básicos de una sociedad democrática que garantizan la convivencia y desarrollan la identidad como nación. Ese rol debe expresarse, entre otras cosas, en el sistema educativo el cual no debe quedar librado a un simple juego de oferta y demanda. Allí es dónde algunas visiones más economicistas de la educación pierden sentido, pero también es allí donde mucha veces se han asentado las visiones monopólicas. En lo personal no dudo de afiliarme a la tesis del “estado de los individuos” así como el reconocer que niños y adolescentes son individuos con derechos y responsabilidades limitadas hasta convertirse en ciudadanos. La familia juega un rol intermediador entre los menores y el estado, pero más allá juega también un rol protector de sus integrantes frente al estado. En el transcurso de este siglo hemos aprendido, con sudor y sangre, que los individuos deben defenderse del poder estatal. Porque la polémica que plantea el articulista no la estamos dando en la época de Platón, lo hacemos al fin de un siglo donde en nombre del estado y del bien común se han cometido tantas atrocidades. Lo hacemos en un mundo donde los individuos buscan sus espacios propios y ello no es malo como muchos uruguayos creen sino, que por el contrario, resulta muy sano para el propio cuerpo social. Esta polémica la damos en un mundo que, por suerte, deja atrás las sociedades masificadas en la búsqueda de mayores espacios de libertad individual que resultan en mayor creatividad y capacidad innovadora. 

            Creo que, justamente, de esto se trata cuando analizamos los bloqueos culturales que existen en nuestra sociedad. Aquí, aunque sin pretenderlo, es donde se juntan los planteaos de Biamonte y de Gato: la educación centralizada en el estado garantiza la preservación de los valores democráticos y se convierte en un formidable mecanismo igualador. Deberemos aprender a limitar el accionar del estado en todas las áreas, en algunos casos hasta su supresión y en otros reubicándola en lo que debe y puede hacer. Creo que la educación se ubica en este segundo nivel, donde limitar la ingerencia estatal resulta imprescindible para posibilitar una renovación educativa acorde con los desafíos de un mundo nuevo. Puedo llegar a admitir que el estado fije ciertas pautas básicas, pero sobre la base de una mayor libertad de elección del ciudadano (como individuo).

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 19 de agosto de 2000


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