Históricamente nuestra clase política ha tratado de superar sus escollos por la vía de reformar la constitución. Posiblemente ello se explique por el predominio de los profesionales del derecho que sacralizan la legislación más allá de las propias realidades políticas. Pero el hecho es que si consideráramos todas las reformas constitucionales que se efectivizaron y las que quedaron en intentos fallidos podríamos terminar explicando casi toda nuestra historia política.

          En el período anterior existieron varios intentos que no encontraron los acuerdos necesarios hasta culminar en el proyecto que logró aprobación plebiscitaria por un muy escaso margen. Fue una de las reformas más controvertidas posiblemente porque proponía importantes cambios en nuestra legislación electoral. En la medida que una reforma de las reglas de juego políticas no es un acto técnico administrativo sino un acto esencialmente político, supone una difícil negociación en la búsqueda de acuerdos y conciliación de intereses diversos que generan un producto necesariamente imperfecto, el cual no termina de satisfacer plenamente a ninguna de las partes. Cuando finalmente esta reforma se aplica y del papel pasa a la práctica política siempre encontraremos quienes se muestren desconformes porque pretenden adjudicar la responsabilidad de un mal resultado electoral a las reglas de juego y no a sus propios errores. Ello inmediatamente genera la pretensión de cambiar estas reglas olvidando que ello supone un cambio en la Constitución que se ve amenazada de un nuevo “retoque”. Luego de las elecciones municipales algunos sectores, no totalmente satisfechos con el resultado que obtuvieron, comenzaron a hablar de la necesidad de nuevamente juntar elecciones nacionales con departamentales. Hoy se vuelve a mencionar el famoso balotaje y la voluntad de impulsar otra reforma para eliminarlo. Si a alguien se le ocurre regresar a la acumulación por sublemas y candidaturas múltiples sólo tendríamos que anular la nueva constitución y regresar a la anterior. Reconozcamos que todo esto parece muy poco serio.

 Sin lugar a dudas la candidatura única por partido significó un costo alto para los partidos tradicionales, principalmente para el P. Nacional, tal cual se demostró con las elecciones municipales donde las múltiples candidaturas volvieron a rendir sus frutos. Las elecciones municipales separadas de las nacionales castigaron al E. Progresista en el interior del país, aunque no en Montevideo, al enfrentarse a realidades locales que no supieron manejar al no contar con la figura carismática de Vázquez. A pesar de ser la primer fuerza en tres departamentos del interior, no lograron alcanzar ninguna intendencia porque finalmente sus electores de octubre prefirieron los liderazgos locales de blancos y colorados. También el P. Colorado pagó sus costos en esta elecciones departamentales y pierde dos intendencias a pesar de haber ganado la Presidencia de la República en noviembre. Finalmente, uno podría pensar que el E. Progresista, hoy la primera fuerza política del país, no accede a la Presidencia por el famoso instituto del balotaje que permite a blancos y colorados acumular sus votos en una candidatura única sin perder sus perfiles y representaciones parlamentarias. Lógicamente existe otra forma de mirar todo este proceso y decir que en octubre ganó el E. Progresista, en noviembre el P. Colorado y en mayo el P. Nacional con los cual “todos ganaron”. 

Pero claro, también podría ocurrírsenos mirar este nuevo proceso electoral desde la óptica de la ciudadanía y allí creo que el balance es muy positivo. Simplemente porque este nuevo sistema aparece como más democrático y más transparente para los electores. Para empezar, el sistema permite que la ciudadanía sin restricciones incida en la designación de los candidatos de cada partido, antes de la elección. El viejo sistema superponía ambas instancias y los electores no contaban con la opción de votar por el candidato de otro partido si quien triunfaba en el suyo no era de su agrado. Luego enfrentar una instancia electoral sin cooperativas electorales y con un candidato por partido resulta en un sistema mucho más transparente que el anterior y por tanto más democrático. Separar la elección departamental de la nacional permite otorgarle al cargo de intendente y a las juntas departamentales su verdadero status local, más atado a las problemáticas de sus departamentos y donde los electores pueden optar por la mejor persona o la mejor propuesta en el plano estrictamente local sin quedar atados a fidelidades o preferencias nacionales. 

Finalmente tenemos el instituto del balotaje, que generara las mayores resistencias al momento de aprobar la reforma y que hoy vuelve a estar cuestionado. Aquí existe un plano más general o atemporal y otro más coyuntural. En la coyuntura puede suponerse que este instituto fue creado para impedir el acceso de la izquierda al gobierno nacional y es probable que esta intención estuviera presente. También es cierto que el balotaje no suponía una necesidad del sistema para asegurar la gobernabilidad del país a través de coaliciones. Las coaliciones habían funcionado y seguramente lo harían sin este sistema de elección. A ello deberíamos agregarle que la coalición de gobierno en el período anterior funcionó mejor que la actual a pesar de los acuerdos previos a la segunda vuelta. Partiendo de estos reconocimiento considero que el balotaje institucionaliza las coaliciones, lo cual es bueno, legitima más la Presidencia que llega con un respaldo mayoritario y fortalece a los partidos políticos. Por otra parte permite que los electores voten por coaliciones, por acuerdos previos y no que estos se realicen luego de la elección como ocurría antes.

 Lógicamente, que todas las virtudes de un sistema dependerán de cómo se lo administra. Si el sistema es teóricamente bueno para los electores supone que los partidos políticos y los candidatos deberán aprender a jugar con esas reglas y no a tratar de cambiarlas de acuerdo a coyunturas o intereses sectoriales o personales. De esto también se trata el juego democrático.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 30 de setiembre de 2000

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