Cuando el Presidente Jorge Batlle, en el programa Agenda Confidencial, mencionó algunos sueldos promedios de la administración estatal, en particular referidos a la banca y otras empresas del estado, la sorpresa reflejada en el rostro de Neber Araujo simbolizaba la reacción de la gran mayoría de los televidentes. El episodio generó diversos tipos de reacciones y desató una pequeña “tormenta” que se vio abonada por la publicación en la pagina web de la presidencia de casi toda la información referida a los salarios de los funcionarios públicos. Allí encontramos muchas situaciones curiosas, por denominarlas de alguna forma. Que un chofer o portero del Banco de Seguros gana cinco veces más que un maestro o que los directores de las empresas públicas cuentan con salarios menores que muchos de los gerentes a su cargo. Que resulta en un mejor ingreso ser limpiador de vidrios en Antel que ser director del hospital de Clínicas. También encontramos que a iguales cargos y tareas, corresponden muy diferentes salarios de acuerdo al lugar del aparato estatal donde lo desempeñen. Si Ud. maneja el auto de un jerarca del Banco Central será mejor remunerado que si le tocó en desgracia conducir el auto de un ministro de estado.

            La decisión de la Presidencia de la República de difundir esta información resulta muy atinada y oportuna en momentos que la problemática de la reforma del estado vuelve a estar en primer plano. El objetivo de dicha publicación consiste en desmistificar algunas cosas y permitir que la población ejerza su legitimo derecho de saber cómo se distribuyen los dineros públicos. La creencia popular siempre se centró en los altísimos sueldos de los legisladores y ministros, presuponiendo que todo el resto de los funcionarios del estado percibían míseros salarios. El trabajador medio uruguayo, con su salario deprimido, su inseguridad laboral y sus angustias presupuestales de cada mes, ve con recelo a una clase política que percibe como privilegiada ocupando cargos en el parlamento, ministerios o directorios de entes, mientras que del resto de los funcionarios públicos sólo envidia su seguridad laboral.

             Sin embargo, creo que este tema debe ser manejado con mucho cuidado, evitando llegar a conclusiones muy apresuradas. Una conclusión errónea o simplificadora de la situación consistiría en generalizar que los funcionarios públicos –de la noche a la mañana- se han convertido en un sector salarialmente privilegiado. Ello no es así, más allá de algunos pocos sueldos que podrían considerarse como “excesivamente altos”. La gran mayoría de los funcionarios públicos perciben salarios bajos que en muchos casos deben ser complementados por otros empleos. La simplificación del problema puede llevarnos a pensar que el alto costo del estado se explica por los altos sueldos a los funcionarios, lo cual no es cierto. El alto costo del estado uruguayo pasa por una estructura caduca, ineficiente, hiperreglamentarista, que no cumple con sus procesos en tiempo y forma, que genera otros procesos totalmente innecesarios y que funciona como una gran maquinaria desmotivadora del funcionario público. La información que nos presenta hoy la Presidencia refleja el resultado de esta estructura burocrática clientelística. 

            También resultaría en una conclusión apresurada el pensar que el problema se soluciona equiparando y “aplanando” la estructura salarial. “El que gana más que gane menos y el que gane menos que gane más” resulta en un tremendo disparate. Podríamos llegar a esas estructuras salariales, como la existente en la Universidad de la República, donde un catedrático, grado 5, gana sólo 2,5 veces más que un ayudante de práctico (grado 1). Ese es el mejor mecanismo para mediocrizar cualquier fuerza de trabajo. Los puestos de trabajo bien remunerados deben existir y ser competitivos con la actividad privada si pretendemos preservar e incluso atraer a los mejores recursos humanos que tiene el país. También deberá existir un escalafón salarial amplio que remunere adecuadamente según capacidades, formación y responsabilidades. Que el gerente de un banco estatal gane 7 mil dólares parece totalmente racional, claro que ello debería tener su contrapartida en los resultados de su gestión que sean medibles, evaluables y que pongan su cargo en juego. Lo que no sirve son salariaos altos, en cargos de responsabilidad importantes, donde esa responsabilidad no está en juego y donde se accede por antigüedad y no por méritos. Porque un limpiador de un banco estatal debe percibir un salario de mercado de acuerdo a su categoría laboral, al igual que el quienes dirigen un Hospital público o privado deben ubicarse en una misma franja salarial.

             En la realidad, lo que esta medida de la Presidencia pone en claro es la gran irracionalidad de nuestro aparato estatal, nos muestra las consecuencias de aquel país encerrado en si mismo que pudo darse el lujo de distribuir los dineros públicos antojadizamente, respondiendo a las presiones sectoriales sin pensar en la globalidad. Nos muestra los males de esa racionalidad monopólica donde una empresa estatal puede asignar recursos sin considerar los mercados. Nos muestra de dónde surge la “fortaleza” de algunos gremios que amparados en su situación monopólica y en la debilidad de los directorios que gastaban dineros públicos sin arriesgar su pellejo. Nos muestra los resultados de un aparato estatal que vivió demasiado tiempo de espaldas a las realidades del mundo, de los mercados y de la propia sociedad. Nos muestra lo que no debemos continuar haciendo y a su vez debería enseñarnos cómo hacer bien las cosas. Ello pasa por una profunda reforma del aparato estatal, sin ataduras, sin mitos, simplemente adecuando las estructuras a las nuevas realidades del país y del mundo. El reajuste salarial sólo será una parte de esa reforma y quizá no la más importante.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 14 de octubre de 2000

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