UNA COALICIÓN EN PROBLEMAS

            La ley de Presupuesto es la ley más importante en materia económica y social que tiene un país. Durante cinco años marca las pautas en materia de conducción económica, donde deberían quedar establecidas las orientaciones, prioridades y la filosofía misma de un gobierno. Por otra parte, dicha ley requiere, lógicamente, de una aprobación parlamentaria con lo cual obliga a que el gobierno cuente con mayorías en el parlamento. Nuestro sistema político, en su correlación de fuerzas, obliga a que estas mayorías se obtengan con acuerdos políticos o coaliciones de gobierno. Esto es así y no existe otra forma.

             Durante el anterior período, la coalición entre blancos y colorados, que deberíamos denominar como “la coalición Sanguinetti – Volonté” aprobó un presupuesto que logró mantener con “gasto cero” en los años sucesivos. Más allá de las preferencias políticas que cada uno tenga, deberemos reconocer que ello genera estabilidad, valor que en este mundo globalizado resulta imprescindible. Todos acordamos que no se debe devaluar la moneda, que debemos manejar juiciosamente las cuentas nacionales, que debemos atraer capitales externos y que la estabilidad económica y política resultan básicas para estos propósitos. Por lo tanto uno esperaría que tanto los socios de la coalición como la propia oposición, que concuerdan en esos grandes aspectos, actúen en consecuencia. Es más, también todos sabemos que la seriedad y estabilidad del sistema político uruguayo ha sido y es un valor diferencial que muchas veces nos ha servido en situaciones difíciles. Lo saben Sanguinetti y Lacalle que fueron presidentes y lo sabe Vázquez que quiere serlo.

             Muy bien, entonces la pregunta resulta esperable: ¿qué está ocurriendo?  En principio, para quienes miramos desde fuera, este largo periplo presupuestal no se asemeja a un ordenado y serio proceso político. Desprolijidades, contradicciones, desavenencias, idas y venidas, mensajes complementarios, plazos que se agotan, han ido generado una sensación de caos ante la opinión pública. Acá existen problemas de forma y de contenidos. En cuanto a las formas parece claro que la coalición no funciona como tal, no ha existido un proceso de negociación previo donde los socios acordaran una ley presupuestal en función de objetivos comunes para el período. Tan es así que, en un principio, las desavenencias se dieron en el partido colorado hasta que Sanguinetti disciplinó a sus huestes. El acuerdo preelectoral entre blancos y colorados respondió a una coyuntura estrictamente electoral, donde un partido nacional que salió muy golpeado de las elecciones de octubre impuso parte de su plataforma electoral que nunca es aplicable cuando se llega al gobierno. Por lo cual se requería una nueva negociación que aparentemente no se dio.

             Pero más allá de “las formas”, donde los diferentes actores de la coalición se acusan mutuamente, existen problemas que hacen a los contenidos y objetivos de unos y otros con relación a este presupuesto. El partido Nacional aparece centralmente preocupado por reconstituir su imagen y reposicionarse en el electorado. Sin liderazgos firmes, preocupado por su futuro e intentando sacarse de encima el supuesto lastre de la coalición anterior, a la cual responsabilizan de su magro resultado en las urnas, hacen que del partido Nacional una fuerza muy permeable a los lobby de todo tipo. A diferencia del período anterior, bajo la conducción de Volonté, donde se apostó a la gobernabilidad y a impulsar transformaciones que el país requería, en esta etapa los blancos vuelven a las cuchillas, donde parecen sentirse más cómodos. A pesar que durante su gobierno (1990-94) se verificó el principal impulso de liberalización de la economía hoy son proclives a atender las algunas demandas de tinte populista que chocan de frente con una economía recesiva, que pretende bajar el gasto público. El acuerdo electoral de noviembre pasado ya señalaba estas contradicciones. Reducir impuestos y aumentar gasto reduciendo el déficit fiscal en una etapa recesiva sólo es resultado de la magia pero no de políticas reales. Inevitablemente, el incremento del gasto supone más impuestos si se pretende mantener el equilibrio, con lo cual resulta absurdo demandar una cosa y criticar la otra. Pero lo más preocupante del caso pasa porque el aumento del gasto no responde a planes estratégicos de reformulación y reforma de áreas críticas del país. Un buen ejemplo de ello es la Universidad a la cual se le concederá un incremento en las partidas sin una contraparte de las autoridades universitarias para mejorar la eficiencia y la productividad de la máxima casa de estudios. Si se iba a aumentar su presupuesto ello debió salir de una negociación sobre el tipo de universidad que necesita el país. 

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 25 de noviembre de 2000

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