VIDA PRIVADA Y VIDA PÚBLICA

¿Hasta qué punto existe una clara línea divisoria entre la vida privada y la vida pública de una persona?. No es una pregunta de sencilla respuesta, en la medida que si esa línea existe seguramente no pasa siempre por un mismo punto. De acuerdo a las personas y las circunstancias esa línea se encontrará más allá o más acá. Dependerá de qué órbita de la vida pública estamos hablando, de qué interés tenga la propia persona de mantener su vida privada en privado y de cuál sea el entorno social y cultural que la rodea. Este tema estuvo planteado desde siempre, pero en el año pasado, con motivo de los hechos que agitaron la Casa Blanca en EEUU, adquirió una importante notoriedad. ¿Es que un gobernante no puede tener vida privada? ¿No existe un límite donde la prensa y la Opinión Pública no puedan ingresar?

En una sociedad como la nuestra estos no parecían ser temas de preocupación, siempre existió una especie de pacto explícito entre los hombres públicos y la prensa que mantenían fuera de la opinión del público todo aquello que no hacía directamente a la actuación pública de las personas. Siempre existió una especie de recato, de rechazo a lo que pudiera considerarse como periodismo sensacionalista, ayudado por una convicción -nunca probada- que a los uruguayos nos desagradaban este tipo de informaciones. A pesar de ello, los uruguayos siempre se han regodeado con la vida privada de los hombres públicos argentinos y las denominadas revistas sensacionalistas del vecino país siempre contaron con un buen mercado en este lado. Claro está que buena parte de esa información refería a personas vinculadas al mundo espectáculo aunque también caían en la redada los hombres de gobierno que en muchos casos se prestan gustosamente a ello.

Tiempo atrás, en un seminario sobre el papel de la prensa en nuestro país, un destacado periodista se atrevió a afirmar que no estaba de acuerdo con la práctica del silencio que aquí existe y que aquellas cosas de la vida privada de un político que puedan afectar su función pública deben ser conocidos por la gente. Lógicamente esta opinión quedó en solitario y seguramente fue considerada por varios como transgresora, porque ¿cuáles son las facetas de una vida privada que pueden afectar la actuación pública? Y principalmente, ¿quién las determina? Sin embargo tiendo a estar de acuerdo con dicha opinión, creo que quienes asumen una función pública por propia decisión inevitablemente estarán expuestos a la opinión pública en áreas que otras personas pueden conservar en una esfera estrictamente privada. No dudo que el caso de Bill Clinton es un ejemplo de ello más allá del sensacionalismo con que se abordara el tema o de los intereses políticos que existían por detrás. En una sociedad democrática, un Presidente es el máximo representante de la ciudadanía y por tanto se debe a ella como gobernante y como persona mientras dure su mandato.

En nuestro país, en su medida y dimensiones, hemos vivido algo de esto. Cuando el ex Presidente Lacalle, hoy candidato único del P. Nacional, sale a la televisión a "desnudar" su patrimonio algunos lo consideraron una especie de violación de su vida privada a la cual se vio obligado por sus detractores. Realmente no comparto esta visión, creo que era su obligación incluso si no hubiera mediado una denuncia pública directa sobre su patrimonio. Porque este es un muy claro ejemplo de asociación directa entre lo personal y la actuación pública. Para nada es de mi incumbencia ni de mi interés el patrimonio del panadero de enfrente de mi casa, pero sí lo es de quien fue Presidente y quién hoy solicita de mi opinión y voto para volver ser mi representante. Del panadero me pueden interesar las condiciones de higiene y los ingredientes con que elabora el pan, de quien aspira a ser mi representante me interesan muchas cosas más, empezando por su probidad como hombre. Esto no se encuentra muy lejos de una típica situación de mercado donde alguien oferta un producto o servicio para lo cual requiere de los compradores. El panadero me oferta la calidad de sus productos y yo compro si me convence que ello es así, el político ofrece sus servicios personales para representarme y ser mi administrador en un mercado donde otros también ofrecen lo mismo. Para convencerme deberá mostrar –y si es necesario demostrar- sus cualidades para ejercer ese rol. Pero en el área política se adiciona el problema de la legitimidad de los gobernantes. En la medida que la legitimidad de un gobernante se basa en la Opinión Pública, ella adquiere una serie de derechos sobre él que inevitablemente incursionan en lo que para otros sería la vida privada. Los ingresos de un gobernante están en la esfera pública, como también lo está su estilo de vida. Ello es tan así, que el propio Lacalle en la campaña electoral del 89 se mostró junto a su esposa e hijos, apelando al voto ciudadano en base a la imagen de una familia de estilos simples y sanos como nos sugerían aquellas imágenes donde todos juntos paseaban por la playa.

La declaración pública que realizara el Dr. Lacalle no puede ser considerada como una acto de gracia al cual no estaba obligado, sí lo estaba como en cualquier otro caso y más por las circunstancias que lo rodeaban. Su anterior gestión fue blanco de muchas denuncias, seguramente interesadas y hasta hoy no probadas, pero que inevitablemente lo colocaron "bajo sospecha". Hace ya tiempo que debió realizar esta declaración, antes de pedirle a la opinión pública nacionalista que lo votara. Harina de otro costal es el contenido de sus declaraciones, donde se trasunta un estilo de vida lejano a la tan mentada austeridad uruguaya. En este caso los ingresos no son tan significativos como un egreso de más de 1 millón de dólares en un período de cinco años, que resulta en una cifra muy importante para la gran mayoría de los uruguayos. Los estilos de vida de los gobernantes también importan, hacen a la cosa pública.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 05 de junio de 1999