DE LO QUE NO SE HABLA CUANDO FINALIZA LA FUNCIÓN

Las aguas vuelven a su cauce, la tormenta del puerto montevideano parece haber finalizado, aunque nunca se desató la lluvia. De alguna manera, resulta un buen momento, el del día después, el de la calma, para reflexionar sobre ciertas cosas que estos episodios nos dejan. No pienso en las consecuencias políticas, sobre ello se ha escrito y se seguirá haciéndolo por lo menos en lo que resta de este año electoral, más bien pienso en otras consecuencias, las generadas en las personas involucradas, y en sus familias. Porque creo que estas reflexiones son imprescindibles, que todos debemos realizarlas, tanto aquellos que fueron pasivos espectadores, cómo quienes supimos a opinar.

Podíamos partir del supuesto, nunca probado, que en la famosa licitación existieron irregularidades más allá de las formales, por decirlo de alguna forma. Bien, pero esto supone que existieron responsables, personas, organizaciones que influyeron de una u otra forma sobre el resultado, pero como estamos hablando de la adjudicación de un servicio comercial, estamos hablando de dinero, para nuestro país de mucho dinero, y que si alguien utiliza su influencia no lo hará gratuitamente. Todos sabemos que más allá de las realidades, están las percepciones que la población se hace de los actos públicos. Y este caso no es una excepción. La gente –Usted, yo- nos hemos formado una opinión, que mayoritariamente asume la existencia de un ilícito. Conclusión que tiene una lógica irrebatible, en la medida que la prensa habla con nombres y apellidos de tales o cuales conexiones o implicancias, si nuestros representantes nos afirman que existieron ilícitos y que todo el sistema de compras del estado está corrupto, ¿a qué conclusión podemos llegar?.

Partiendo de ello, también resulta muy lógico que ese "veredicto popular" se extienda hacia las personas supuestamente responsables del fraude, ilícito o robo. ¿cuántos nombres, con su correspondiente foto aparecieron en todo este último episodio? Aproximadamente seis o siete que yo recuerde, más los anónimos funcionarios técnicos de la ANP que realizaron un informe y cuyos nombres no aparecieron por no ser figuras públicas, pero que lógicamente también caen en esta redada. Pero, ¿quiénes de ellos son responsables efectivamente de un ilícito, ¿algunos, todos, ninguno? Buena pregunta, pero lamentablemente como nadie puede dar respuesta a ella, tendremos que asumir que todos lo fueron, y así quedará en esa memoria colectiva. Bueno, es como en la guerra siempre mueren algunos civiles inocentes, y lo importante es la causa nacional, más allá de estas pobres víctimas. Claro que aquí no hay guerra y no veo con claridad la causa nacional, sí las víctimas, todas personas a las cuales me niego a condenar sin pruebas.

Porque resulta legítimo preguntarse qué ocurre con las familias de todos aquellos que quedaron expuestos públicamente y que una vez finalizado el episodio nadie vuelve hablar de ellos aunque el estigma quedó allí. El quedar "marcado" como "sospechoso" de un ilícito, no tengamos la menor duda que genera consecuencias muy duras en el plano personal, familiar y social. Y estas son las cosas de las cuales nadie más habla, excepto alguno de los involucrados que intenta probar su inocencia, pero tardíamente porque lo suyo ya dejó de ser noticia. Un ejemplo de esta situación es la carta que el Dr. Lasalvia envía a Búsqueda informando sobre el resultado de las pericias judiciales que demuestran la falsificación de las pruebas usadas contra él. ¿Cuántos conocerán esa carta? Seguramente muchísimos menos que quienes se enteraron de las acusaciones que pesaron contra el médico en su momento. En contraposición, cuando se informa de un violador, hasta que no exista un procesamiento sólo tendremos sus iniciales, sin fotos, lo cual no ocurre cuando se conoce simplemente un rumor sobre un ilícito que involucra a políticos o figuras destacadas.

Creo que estas reflexiones son necesarias y adquieren mayor dimensión en momentos que estamos a la "caza de brujas". Ya no hablemos de las consecuencias sobre la credibilidad del sistema, simplemente pensemos en el plano de los individuos y de los daños que allí podemos causar. El tema de la corrupción administrativa y el tráfico de influencias requiere de un tratamiento más serio y profundo. No me adhiero a la tesis de la "pudrición" total, pero si a la ocurrencia de episodios que deben ser prevenidos para evitar su generalización. Pero esto no se logra con la denuncia pública de rumores, sino atacando las causas principales del problema, por lo menos aquellas que están a nuestra mano.

Aquí cabe detenerse en otro ejemplo concreto. Cuando alguien ocupa una función pública importante o estratégica- como es el caso de Ernesto Laguardia- ese cargo termina siendo considerado incompatible con el desarrollo de una actividad económica privada, en la medida que son excepcionales las actividades de este tipo que no tengan ninguna relación con el Estado. En este país casi todas las actividades empresariales, de una forma u otra, se relacionan con la burocracia estatal. Por lo cual, esa persona debería quedar restringida a un reducido sueldo de funcionario público. La consecuencia de esto es inmediata, los cargos públicos, principalmente los que requieren de mayor capacitación o responsabilidad, quedarán en manos de personas no calificadas para los mismos o sólo la podrán ocupar quienes ya cuentan con una fortuna personal previa. Esta situación es generalizable a quienes ocupan cargos de ministros, parlamentarios o directores de entes autónomos. Si a todos ellos les impidiéramos realizar una actividad privada paralela, la mayoría se iría. De aquí que la reforma del Estado también debe tener en cuenta estas cosas y cuando algunos se escandalizan por los "altos" sueldos que ganan ministros y parlamentarios, siempre por debajo de cualquier cargo gerencial privado, habría que recordarles los peligros que la situación actual representa.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 06 de marzo de 1999