EL PRESIDENTE TIENE LA PALABRA

El famoso caso de la licitación de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo ha ido adquiriendo connotaciones y derivaciones muy preocupantes, y tengo la impresión que se encamina hacia una resolución muy poco feliz, donde se expresa un manejo muy "desprolijo" de la clase política en general y en particular un error de apreciación de la situación por parte del Poder Ejecutivo, más en particular del Presidente de la República.

El episodio pareció iniciarse como una rencilla entre las empresas licitantes, donde aquellas que no habían sido calificadas objetaron los procedimiento seguidos en la licitación, facilitando un fallo favorable al consorcio Maersk/ Christophersen/Planir. Lamentablemente lo que podía considerarse una legítima defensa de intereses empresariales deriva en un tema político, ético con repercusiones muy desagradables y efectos muy negativos sobre la credibilidad de la clase política en general. El primer hecho desagradable fue la utilización que las empresas demandantes hacen del propio sistema político, usando este medio para canalizar un supuesto elemento probatorio ignorando los mecanismos legales que existen. Este hecho inevitablemente lleva el tema a un ámbito público, parlamentario y político electoral que no resultaba ser el mejor para manejar un tema de por sí muy delicado. De allí en más, como era lógico, la prensa desata su propia investigación que va generando una serie de elementos que derivan en una investigación parlamentaria que, a su vez, estaría sesgada por el clima de campaña electoral que se vive actualmente. Si bien existe una investigación judicial en marcha, hasta el momento todo parece indicar que sobre pruebas con algún valor jurídico no hay casi nada, pero las implicancias y sospechas sobreabundan. Justamente, en estos casos lo peor que puede ocurrir es que sólo existan sospechas, porque ello lleva a crear mucho ruido sin consecuencias jurídicas y los ciudadanos nos quedamos con la sensación desagradable de que algo existió pero que finalmente fue "tapado". Y no abriguemos la menor duda de que esto es el peor de los posibles finales.

Por otra parte, la gravedad del caso viene dada por la derivaciones que el mismo fue teniendo con el correr de los días. Lo que comenzó siendo un episodio que refería a un ex ministro del gobierno anterior, derivó hacia los círculos más allegados del actual Presidente. El ex presidente Lacalle, curado en vida, actuó con mucha firmeza y celeridad, expulsando a su ex ministro sin dar tiempo a ningún tipo de explicaciones y rápidamente su sector se convirtió en un duro fiscal del actual gobierno. Pero en definitiva, todos sabemos que en última instancia las sombras caerán sobre toda la clase política, realimentando el descreimiento de la población y su desinterés por la política y la cosa pública.

Cuando escribo estas notas, el Tribunal de Cuentas se encuentra a un paso de convalidar la licitación, desechando la impugnación. Lamentablemente ha pasado mucho tiempo, ha corrido mucho agua y se han dicho muchas cosas, como para pensar que el caso quedará cerrado con un dictamen favorable del TC y su posterior convalidación por el Poder Ejecutivo. No tengo la menor duda de que ello sería un gravísimo error, un error de perspectiva sobre la situación social y política presente y futura. Cuando el Dr. Ramírez habló de corrupción generalizada muchos nos indignamos, porque ello suponía poner en tela de juicio, injustamente, a todo el sistema administrativo estatal, a toda la clase política y al empresariado. Pero debemos reconocer que la mayor parte de la población opina igual que Ramírez en este tema y que se requiere de actos públicos muy claros y contundentes para aventar esa idea de corrupción generalizada. No me gusta para nada cuando frecuentemente oigo el famoso comentario de que "todo está podrido", porque de allí nacen males mucho mayores. Quizás por ingenuidad tiendo a pensar que en este caso concreto aún estamos a tiempo, existen resoluciones que se deben tomar en los próximos días.

Para empezar el Tribunal debe salvaguardar su imagen de objetividad y credibilidad como organismo fiscalizador. La politización del tema ha sido trasladada al propio organismo, donde los alineamientos son sectoriales y no de carácter técnico – administrativo como deberían serlo. Se ha llegado a hablar de que un miembro del TC volcaría su voto en función de un cargo que el Ejecutivo le entregaría a su sector político, lógicamente no creo que esto sea así pero a esta altura se debe demostrar que no lo es. A esta altura no veo otra salida que aquella donde el propio Presidente de la República objete la licitación y la misma se procese nuevamente. Tanto el TC como la Presidencia deben aventar las sospechas que se han generado a su alrededor.

En este punto también se requiere ser muy claros en lo que refiere a la imagen del Dr. Sanguinetti, quien más allá de las simpatías políticas, simboliza la imagen de un estadista inteligente, capaz y honesto que por dos veces ocupó la Presidencia. Las declaraciones a la prensa de su secretario privado resultaron poco felices. Si bien Laguardia demostró no tener nada que ocultar de su vida privada y, sin que estuviera obligado, prefirió ser transparente en este aspecto, también es cierto que en una sociedad como la nuestra donde la austeridad resulta en un valor positivo muy importante, quien ocupa un cargo tan estratégico no debería ostentar un estilo de vida tan alejado del promedio de los uruguayos. Desarrollar una empresa privada exitosa es indudablemente un mérito, pero resulta incompatible con ciertas responsabilidades públicas, principalmente cuando se procesan en forma paralela. Realmente me niego a que un capital político y ético como el que representa el Dr. Sanguinetti se vea opacado por este tipo de episodios.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 13 de febrero de 1999