Nuestro sistema judicial está plagado de dificultades que, como siempre ocurre en estos casos, comienzan por una seria limitante presupuestal que finalmente deriva en problemas de obsolescencia en los métodos de trabajo, burocracia administrativa, así como limitantes de personal en cantidad y calidad. Sin lugar a dudas estamos frente a un sistema bloqueado que no cuenta con capacidad de respuesta frente a un mundo mucho más complejo que requiere de otros medios y capacidades para resolver los nuevos y variados problemas que se plantean en las sociedades modernas. Como ocurre con gran parte de las instituciones del viejo Uruguay, nuestro sistema judicial está caduco y se le exigen nuevas funciones cuando ya no puede cumplir con las más tradicionales. Este es un dato de la realidad que no se puede perder de vista más allá de la indispensable búsqueda de soluciones que este tema en particular requiere.

La corrupción administrativa, ligada a ciertos representantes de la clase política, han colocado en los últimos tiempos en un plano destacado la actuación de fiscales y jueces que tradicionalmente realizaban su labor en la oscuridad o el anonimato. Los nombres de varios jueces y fiscales son hoy de conocimiento público dadas sus apariciones o referencias en los medios de comunicación. En la medida que se hacen cargo de casos de relativa resonancia pública, casi siempre asociados a personalidades del mundo de la política inevitablemente y más allá de los famosos secretos del presumario se convierten en nuevos protagonistas reiterando un fenómeno que se da en otros países. En casos tan notorios como el italiano, los responsables de administrar el sistema de justicia alcanzaron insólitos grados de popularidad, que en el caso uruguayo pueden replicarse con otra dimensión. Considero que este no es un fenómeno saludable, en la medida que genera presiones y entornos socio políticos inadecuados sobre procesos que deberían llevarse con mucha cautela y precaución. Principalmente porque involucra el prestigio de personas que deberían suponerse inocentes hasta que se pueda probar lo contrario. Ello no ha ocurrido en nuestro caso, debido a que la mayor parte de las denuncias formuladas no han contado con las pruebas mínimas necesarias pero sí con una extendida difusión pública. De ninguna forma responsabilizo totalmente a la prensa, aunque en ciertas instancias esta no actuado con la debida seriedad, pero sí a quienes han querido utilizar estas denuncias con fines políticos electorales.

Creo que este nuevo fenómeno que afecta a nuestra sociedad ha sido muy mal manejado y continúa siéndolo, y son muchos los que se han equivocado en este sentido. Para no ir muy lejos, cuando un senador de la República intentando contrarrestar acusaciones de un ex chofer en contra del ex presidente Lacalle utiliza métodos muy poco ortodoxos grabando conversaciones y utilizando un escribano público como garante luego de asignarle un cargo en la administración pública, expresa ese grado de deterioro al que me refería. De algún modo asumiendo las dificultades del sistema judicial para encarar una investigación en regla, se opta por asumir ese rol cometiendo una serie de "desprolijidades" que dañan el prestigio de los cargos parlamentarios y del propio poder judicial. Para colmo de males, uno de los cuatro candidatos a la presidencia de la República que ya ocupara la titularidad del Ejecutivo lanza un durísimo ataque contra el sistema de justicia no por su ineficacia o falta de capacidades para resolver sino acusándolo de estar politizado y de no brindar las debidas garantías a los ciudadanos. Acusaciones que de por sí resultan muy graves pero que adquieren un mayor relieve proviniendo de alguien con tan alta responsabilidad. Lógicamente esta situación trasciende fronteras y la cadena CNN recoge la carta del Dr. Lacalle al poder judicial generando una imagen de confrontación y vacío de poder que va mucho más allá de la realidad que vivimos. Creo que el ex presidente se equivoca, la "embestida" en la cual él y su sector se han embarcado como forma de contrarrestar lo que ellos mismos han denominado como una "embestida baguala" contra sus aspiraciones electorales lesionan el ya menoscabado sistema de justicia, pero además perjudican sus propios intereses.

El resultado del 25 de abril muestra que el herrerismo ha perdido poder de convocatoria a pesar de ganar la elección interna, pero además que sus problemas de imagen ante la opinión pública se trasladan a todo el Partido quien también recibe una magra votación. Quizás compartiendo parte de este análisis los herreristas han entendido que la mejor forma de revertir la situación pasa por lanzar una ofensiva, respondiendo a una "embestida" con otra "embestia". Sin embargo esta actitud no hace más que redimensionar las denuncias de corrupción que rodearon la gestión de Lacalle, mantener vivos los conflictos internos del Partido Nacional y aislar aún más al candidato único. Tratar de demostrar que esta es una gran conspiración que involucra dirigentes de otros partidos y del suyo propio, a un importante sector de la prensa, así como jueces y fiscales resulta en una especie incendio generalizado en el cual todos saldrán chamuscados, comenzado por quienes lo incentivaron. Quizás lo más sano hoy sería que el Dr. Lacalle expusiera públicamente su patrimonio y el origen de este, para despejar todas las dudas que quizás injustamente se han creado sobre este aspecto. En última instancia para quién aspira a ocupar nuevamente la Presidencia de la República la transparencia resulta en un requisito mínimo, casi indispensable.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 15 de mayo de 1999