Más allá del optimismo oficial, la realidad es que tal cual podía preverse la situación general del país no es buena. Inevitablemente las medidas adoptadas por la economía brasileña en enero de este año implicaron un significativo impacto en sus vecinos del Mercosur, en especial en las dos economías más chicas. Los efectos no se sintieron en lo inmediato pero el efecto dominó se hizó sentir sobre mediados del año y en nuestro país es una realidad insoslayable que vivimos una dura etapa recesiva. A pesar de ello, el optimismo oficial tiene sus bases, por lo menos en lo que hace a una economía que demuestra cierta fortaleza frente a los efectos negativos externos. La situación del país es mala, pero no desesperada como pretende pintarse desde ciertos sectores. En general los asalariados y jubilados han logrado mantener su poder adquisitivo, aunque muchos de ellos deban sobrevivir con ingresos muy bajos; tampoco se ha disparado la desocupación, ni se han generado fugas de capitales. La famosa disciplina fiscal y el mantenimiento de las políticas macroeconómicas rinden sus frutos aunque el país es todavía estructuralmente débil y tanto industriales como exportadores se vean fuertemente afectados. Por otra parte, la etapa que vivimos seguramente se mantenga o incluso agudice en el transcurso del 99, pudiendo extenderse más allá en la medida que los ciclos recesivos tienden a ser más largos.

Más allá de las visiones optimistas y pesimistas, todos estamos preocupados y, de acuerdo a nuestra tradición, los ojos se vuelven hacia el gobierno. ¿Este puede continuar impertérrito ante la situación creada? ¿No se tomarán medidas que permitan palear la crisis de algunos sectores? ¿Podrá permitirse que otros devalúen o adopten medidas proteccionistas y nosotros no hagamos nada? Estas y otras preguntas más se formulan diariamente de una forma u otra. El gobierno comienza a ser visto como excesivamente "duro", insensible y hasta en cierto punto "testarudo". Estas percepciones parecen acentuarse más por encontrarnos en un año electoral donde tradicionalmente los gobiernos se ven tentados a ser más permisivos y a ceder frente a las demandas de la sociedad. Creo que en estas circunstancias, si ello ocurriera sería una tremenda irresponsabilidad por parte del gobierno, donde se podrían echar por tierra en pocos meses muchos de los logros tan trabajosamente alcanzados. Lamentablemente lo mejor que se puede hacer es lo que efectivamente hace este gobierno, mantener su disciplina económica en todos los planos. Si hoy se abriera alguna pequeña ventana seguramente el torrente sería incontenible y en poco tiempo estaríamos arrepentidos ante las consecuencias que generaría esa situación.

Pero debemos reconocer que esta es una visión global, que requiere considerar al país en su conjunto e inserto en un determinado contexto internacional, justamente lo que un buen gobierno debe hacer. Esta es una típica etapa donde lo esencial pasa por mirar con cierta perspectiva de futuro, sobreponiéndose a las tentaciones cortoplacistas. Vivimos en un mundo globalizado, dominado por el capital financiero, donde se están generando muchos cambios y la inestabilidad es la tónica de los tiempos. Los ciclos de crecimiento se alternan con los recesivos y muchas veces estos son imposibles de predecir. Esto es así, nos guste o no y sólo podemos actuar en función de fortalecernos estructuralmente para sobrellevar las coyunturas negativas de la mejor forma posible, sabiendo aprovechar las faces de crecimiento. Para ello se requiere mucha firmeza y convicción, atributos que deberían ir más allá de los gobiernos y estar presentes en los diferentes sectores de la sociedad. Lamentablemente esta no parece ser nuestra situación al día de hoy, donde las demandas corporativistas están a la orden, lo cual resulta altamente peligroso. Estos intereses sectoriales muestran, por un lado, un panorama de deterioro general, para culminar en una reivindicación puntual y totalmente sectorial. En ello ponen todo su poder de presión política sin considerar la globalidad de los problemas que enfrenta nuestra sociedad.

Es en base a este accionar donde se generan grandes injusticias y problemas colectivos en los cuales no se piensa. Cuando el gremio de UTE intenta frenar el nuevo marco regulatorio energético, en defensa de sus fuentes de trabajo, generándole al país un bloqueo en el desarrollo de un sector estratégico; cuando la corporación médica defiende sus ingresos sin importar las consecuencias sobre todo el sistema de salud o cuando las gremiales agropecuarias exigen subsidios amenazando con dejar Montevideo sin alimentos; resultan en buenos ejemplos donde lo sectorial busca imponerse al interés colectivo. ¿Qué ocurre con los policías, los maestros, los enfermeros o los funcionarios del poder judicial? O aún peor, ¿qué ocurre con todo ese numerosos sector semi informal con ingresos no fijos, que depende del funcionamiento de la economía para vivir y que no cuenta con ningún canal de presión política? Ello no interesa, el mundo empieza y termina con el interés particular. Realmente cabe preguntarse si el gobierno pude ceder ante los reclamos del sector agropecuario sin contemplar el interés colectivo y a otros sectores que con menor capacidad de lobby se encuentran en peor situación. Entiendo que no se puede ni se debe ceder, y en este sentido el gobierno parece estar en lo correcto.

Las sociedades democráticas requieren del impulso sectorial privado, les resulta imprescindible, pero también deben preservar los intereses colectivos que les dan coherencia y viabilidad como sociedad. En este aspecto los partidos políticos juegan un rol intransferible como globalizadores de los diferentes intereses sectoriales, pero tengo la impresión que en nuestro caso no lo están jugando siendo muchas veces impulsados por estos.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 19 de junio de 1999