Finalmente, primó la cordura, la famosa licitación de la playa de contenedores del puerto capitalino quedó anulada. A barajar y repartir de nuevo, porque no sólo de circo vive el hombre, también requiere de pan. Aquí estamos, igual que dos años atrás o quizás tres, nuestro puerto continúa no siendo competitivo de acuerdo a los requerimientos de nuestro entorno regional. Pero, en realidad no estamos igual, estamos peor, por dos simples razones: en primer lugar, porque la tónica de estos tiempos nos marca que quienes no avanzan, retroceden y en segundo lugar porque nuestra credibilidad externa e interna ha sido seriamente dañada.

Todo este episodio me deja un gusto amargo, una sensación de frustración y pesimismo en cuanto a la madurez de nuestra sociedad para afrontar los desafíos que tenemos por delante, no ya de futuro sino del propio presente. Cuando en la columna del sábado anterior titulé "El Presidente tiene la palabra" no conocía el dictamen del TC, pero entendí que cualquiera fuera el mismo el Poder Ejecutivo debía anular la licitación. Con ello no me sumaba a quienes aducían un manejo ilícito de la misma, de lo cual nunca existieron pruebas, simplemente entendía que la contaminación ambiental hacía inviable continuar adelante. Aparentemente, así lo entendieron el presidente Sanguinetti y el ministro Cáceres, quienes tomaron una decisión política y no técnica porque ni el propio Tribunal fue capaz de pronunciarse con claridad sobre el punto y porque efectivamente el problema era esencialmente político.

Como siempre ocurre en estos casos, con nuestro peculiar estilo futbolero, se habla de ganadores y perdedores, cuando en realidad todos perdimos, quizás con la solitaria excepción de quienes por razones económicas desataron inicialmente la tormenta. Algún parlamentario se consideró "ganador" porque hace más de un año solicitó la anulación de la licitación, claro que en su momento aducía el problema del monopolio, único aspecto en que el TC fue claro en descartar. Otros regresaron a la vieja discusión del monopolio estatal y varios reafirmaron la "total" podredumbre y corrupción del sistema. Se equivocan, y mucho. Quizás porque el fragor de la contienda electoral les impide mirar un poco más allá, cuando logren hacerlo comprenderán que el saldo es negativo se mire por donde se mire. Posiblemente nos queda la esperanza de aprender sobre los errores, cosa que no siempre ocurre.

Si desapasionadamente, miramos todo este episodio en su conjunto podremos ver que de una querella entre intereses económicos privados se llegó a un gran escándalo político que afecto credibilidades institucionales y la moral de mucha gente. La única prueba medianamente aceptable es de un intento de coima protagonizado por un oscuro personaje, sin cargo público, que nunca se supo a quién representaba pero que además se vincula con una de las empresas que pierde la licitación. Lógicamente ello podía llevar a sospechar sobre la existencia de un ilícito y generar su correspondiente investigación. Lo que no se debió es haber generado un clima de catástrofe nacional durante casi tres meses. ¿Es responsabilidad de la prensa? Creo que no, aunque esta deberá manejar con más cuidado estos temas. La responsabilidad principal radica en quienes politizaron y pretendieron utilizar el tema con fines electorales. Allí radica el problema central que además muestra poca responsabilidad en el manejo de temas tan sensibles e importantes para nuestro futuro colectivo. Si efectivamente estuviéramos insertos en un sistema totalmente corrupto estaría de acuerdo con algunas actitudes y dichos, pero considero irresponsable trasmitir esa idea cuando no refleja una realidad. La existencia de episodios de corrupción no definen a un sistema, así como el vivir en un entorno regional donde los sistemas político administrativos se han corrompido supone que el nuestro también lo está. Puedo estar pecando de ingenuidad, pero la corrupción generalizada de la cual nos han hablado algunos dirigentes está por probarse. Mi experiencia es que en Uruguay todavía mantenemos una moral y ética administrativa predominante sobre los episodios que se apartan de ella. Este es un bien a preservar y afirmar, que requiere de la confianza de la sociedad en el sistema. Nuestra cultura es proclive a creer en el enriquecimiento ilícito de quienes detentan el poder y ello se sustenta en la desconfianza intrínsica en el poder mismo. Cuando se nos presenta este tipo de episodios rodeados de intrincadas conexiones telefónicas, no dudamos un instante: hay corrupción. Ello se afirma cuando quienes han ocupado cargos de poder nos dicen que efectivamente el sistema está corrupto.

También existe otra enseñanza que deberíamos tomar de este caso. El país requiere de ciertos consensos para llevar adelante las transformaciones que hagan posible nuestra inserción competitiva en el mundo, que supone algo tan elemental como nuestra viabilidad. Si un aspecto clave como es la modernización de nuestro puerto implica un proceso de 8 años para terminar anulándolo en el momento de su concreción y tras cartón algunos sectores expresen su "satisfacción" por este desenlace, habla muy mal de la madurez de nuestro sistema. Cuando se amenaza con derogar el sistema de Previsión Social, trabajosamente logrado luego de 6 años y que hoy despierta el interés de otros países del continente, no alberguemos esperanzas sobre la credibilidad del país en el contexto internacional. Porque si no comprendemos la necesidad de consensuar y preservar ciertas transformaciones difícilmente lograremos afirmar un proceso de desarrollo.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 20 de febrero de 1999