Vergüenza, pena y decepción son los sentimientos que hoy genera el panorama político y social en nuestro país. El comportamiento de los principales actores denota una total y completa ignorancia del mundo que vivimos, moviéndose en función de pequeños intereses sectoriales ya sean económicos o electorales. Sálvese quien pueda, que cada cual haga su propio juego sin importar en lo más mínimo las consecuencias que estas acciones tengan sobre el conjunto de la sociedad. Con una visión cortoplacista alarmante, donde ni siquiera se miden las consecuencias negativas que, en el mediano plazo, pueda generar para sus propios intereses sectoriales. Porque esto es lo que estamos viviendo en estos días, donde los dirigentes de las gremiales agropecuarias le declaran la guerra al gobierno y algunos sectores políticos se hacen eco en el parlamento desatando una crisis en la coalición de gobierno. Rentabilidad o muerte, es la consigna dirigida al gobierno como si este pudiese garantizar la rentabilidad de las empresas agropecuarias (o de cualquier tipo). Dantesco, descabellado y ausente de toda lógica, son los únicos calificativos que se me ocurren. Pero por si todo esto fuera poco, la reacción de muchos dirigentes políticos es subirse a la ola, con una interpelación disparatada. Simplemente es no comprender, o no querer hacerlo, sobre la realidad de este mundo globalizado del que tanto se habla, pero que no se asume.

La globalización supone un mundo controlado por el capital financiero, donde todos competimos por él, países del primer y tercer mundo, donde la lógica del mercado funciona con todo su furor y donde sólo existen los países competitivos y los no competitivos. Un mundo donde las famosas empresas calificadoras de riesgo suben y bajan sus puntuaciones en función de los "riesgos" percibidos en cada país, garantizando la seguridad de los inversores. Un mundo donde el poder de los estado – nación se encuentra cada vez más acotado y los capitales circulan a velocidades vertiginosas buscando su máxima rentabilidad con el menor riesgo, pero ya no lo hacen dentro de un espacio territorial determinado y controlado por cierta legislación, juegan en todo el tablero mundial, colocando sus piezas donde les resulte más conveniente. El Estado contenedor, donde se fijan políticas educativas, fiscales, sociales, políticas, etc., comienza a perder sus potestades. Ello genera procesos comerciales, financieros y económicos que determinan las políticas de los Estados más allá de lo que estos prefieran o de lo que sus ciudadanos demanden. Esta situación obliga a los llamados países periféricos, a concentrar todos sus esfuerzos en la exportación, a costa de menores niveles de protección. Quien no logra niveles decentes de competitividad, en base a una mayor productividad, queda fuera del juego. Y este es el nuevo mundo en que vivimos nos guste o no, para lo cual resulta más "inteligente" asumirlo y hacerlo jugar a nuestro favor.

Ello supone que el país encuentre los consensos políticos y sociales mínimos para impulsar transformaciones, generar seguridades al inversor y tener la capacidad para afrontar las fases recesivas. Lamentablemente esto no ocurre en Uruguay. El sector agropecuario que en los últimos tiempos ha sido favorecido con una sensible disminución tributaria y la liberalización de la exportación sin valor industrial agregado, hoy se agregan una serie de medidas puntuales tendientes a mejorar su competitividad. Lo que este o ningún gobierno puede hacer es abrir la canilla como se pretende, refinanciando deudas o regresando a medidas proteccionistas. No puede por la sencilla razón que ello genera, de inmediato, consecuencias muy negativas sobre toda la economía, castigando a buena parte de la población que no cuenta la capacidad de presión política que sí tienen estos sectores. Eso sí es el capitalismo "salvaje", la ley del más fuerte que termina castigando duramente a los sectores más desprotegidos. Porque no tengan la menor duda que las medidas demandadas supondrán incrementos en las tasa de interés por los fondos que se toman en el exterior, perdida de credibilidad y que alguna calficadora de riesgo nos coloque en su lista negra. Y todo ello en muy poco tiempo, tirándose por la borda los trabajosos avances logrados hasta el momento, le que cuesta mucho dinero al país, repercute en la pérdida de puestos de trabajo y en el salario de los trabajadores. Habremos mejorado la competitividad de los precios del sector agropecuario, pero también habremos mantenido su ineficiencia, su dependencia del estado y su baja productividiad.

Esta situación, lógicamente la conocen los legisladores que votaron la censura. De un plumazo eliminaron la estabilidad política que supone una coalición de gobierno y amplificaron la sensación de crisis que se vive actualmente. La actitud del P. Nacional resulta insólita. Actuaron contra la misma política económica que ellos iniciaron y apoyaron en estos años, encabezados por un legislador que obtuvo poco más de 2000 votos en todo el país, echaron a su propio ministro aislando al gobierno con demandas imposibles de cumplir en su mayoría. El P. Nacional fue gobierno en el periodo anterior, conoce la situación, inició la política de atraso cambiario, sabe de las consecuencias de estas demandas, pero sus legisladores igual siguieron adelante. Posiblemente actuaron confiando en que el gobierno no cederá a las presiones, se desgastará en este jugo, la estabilidad no se vera amenazada y se pueda extraer algún rédito electoral. De ser así, resulta poco serio, porque ante situaciones de crisis se sobrevive en base a la cohesión interna, a los acuerdos interpartidarios para salvaguardar los intereses generales del país. Si los partidos políticos resultan arrastrados por demandas corporativas no es viable ningún modelo de desarrollo. El apoyo del FA resulta también inexplicable proviniendo de un grupo que se autoproclama defensor de la clase trabajadora y de los más desfavorecidos, quienes serían justamente los más perjudicados.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 21 de agosto de 1999