Todos han coincidido en afirmar que el resultado de la elección nacional del 31 de octubre significó un cambio trascendente en la estructura política del país. que nos ubica frente a nuevas realidades. Más allá de los análisis que se han realizado sobre las posibles causas de dicho resultado, también se requiere analizar esta nueva realidad y sus implicancias sobre el futuro funcionamiento del sistema político. Creo que una de ellas tiene que ver con el nuevo esquema de mayorías y minorías, dado que allí parece existir un cierto desconcierto entre los actores políticos. Este desconcierto puede generarse por las nuevas reglas de juego electoral donde existe una segunda instancia que designa la titularidad de gobierno pero que no cambia el resultado de la primera vuelta donde se fija la correlación de fuerzas en el parlamento, pero también puede gestarse en la ruptura del esquema tradicional donde blancos y colorados manejaron monopólicamente el juego de mayorías y minorías. Mientras que los frentistas comienzan a actuar en función del resultado de octubre que los ubica como la primer fuerza política, los partidos históricos lo hacen en función del resultado de noviembre que otorga la mayoría absoluta a la colación de blancos y colorados. En ambos casos parecen olvidar la otra fase de este complejo proceso electoral.

Según mi modo de ver las cosas, la nueva realidad política nos muestra una mayoría integrada por una coalición de los partidos históricos y una minoría integrada por el EP. Esta coalición tiene a su vez la mayoría en el parlamento, lo cual otorga gobernabilidad al país, pero no se puede desconocer que casi el 40% de la ciudadanía respalda al E.P. y le otorga esa proporción en el legislativo. Por lo tanto, no caben las dudas: la coalición blanco colorada es la mayoría y tiene la titularidad del gobierno, mientras que el EP representa a una importante minoría de los uruguayos, que como todo hace pensar actuara en la oposición. Sobre este simple esquema se debería trabajar en los próximos cinco años y se deberían asignar la representaciones en algunos niveles del estado. Lógicamente, el Ejecutivo sólo puede estar integrado por aquellas fuerzas que participan de la coalición de gobierno, pero en las empresas del Estado y otros entes autónomos deberá contemplarse a las minorías. Esto no es por costumbre o capricho, aunque los antecedentes históricos también pesan. La razón principal estriba en la credibilidad del sistema democrático representativo que, entre otros aspectos, requiere de un juego de gobierno y de controles de la minoría sobre las mayorías en el poder. Una cosa es la necesaria consonancia entre la gestión del gobierno central y las empresas del estado y otra es el monopolio en el control de dichos organismos. Ello quiere decir, en lo concreto, que las empresas públicas deben conformar sus directorios con una mayoría que responda a las políticas definidas por el Ejecutivo y una minoría que responda al resto de la ciudadanía. Esto no supone representaciones proporcionales o mini parlamentos en los directorios, simplemente que en 3 o 5 miembros uno –por lo menos- debe representar a las minorías.

Realmente, no me convence el argumento de que quienes no participan del gobierno tampoco participan de la dirección de las empresas, así como no me convence el argumento de que la función de contralor cuenta con sus organismos especializados. Ello supone desconocer el grave problema de credibilidad de nuestras instituciones y por tanto desconocer la necesidad de generar la mayor transparencia posible. Pero lo más grave es que supone desconocer una de las causas que han llevado a la perdida de adhesión de los partidos históricos con el consecuente crecimiento de la izquierda. No tengan la menor duda que el excluir al EP, o sea al 40% de la ciudadanía, alimentará la desconfianza y el desgaste de ambos partidos, fortaleciendo la prédica que en este aspecto ha repetido con mucho éxito la coalición de izquierdas. Esta actitud no sólo sería formalmente inadecuada sino que políticamente equivocada, mostrando que poco se ha comprendido de los pronunciamientos electorales de la población. Blancos y colorados, en este período que se inicia, quizás tengan su última oportunidad para recomponer su credibilidad en bastos sectores de la población y afirmar su sustento político. Con una decisión de este tipo estarían empezando muy mal.

Pero también el EP debe comprender que su crecimiento electoral no fue suficiente para alcanzar la mayoría y que mantienen su condición minoritaria. Así mismo deberían analizar el porqué del resultado del 28 de noviembre y preguntarse si se debió a problemas de estrategia de campaña o a que la mayoría de la población no cree en su capacidad de gobierno. Si fue lo primero sólo deben dedicar estos 5 años a criticar al gobierno y preparar la estrategia electoral del 2004. Pero si el problema está en el segundo aspecto deberán demostrar de su real vocación de gobierno y asumir responsabilidades en estos niveles. Voceros como Mujica y Huidobro no parecen los más adecuados para reclamar la participación en las empresas públicas. Porque si el argumento es participar en una nueva "trinchera de lucha" para denunciar la corrupción, toda mi argumentación a favor queda reducida a una ridícula ingenuidad. La tónica debería ser otra, que no la pueden expresar estos personajes. Es la tónica de colaborar en el buen funcionamiento de las empresas del estado, de formarse en el arte de gobernar, rompiendo con la cultura contestataria para ingresar a la cultura de gobernar. Lógicamente que también se tendrá una función de fiscalización, consistente en controlar que la mayoría haga bien las cosas, pero desde una perspectiva constructiva. Así fue como lo planteó el Gral. Seregni en 1985 y así debería plantearlo hoy el Dr. Vázquez. Si todo queda en el reclamo trincherístico, de francotiradores, que realiza el MLN no resultan creíbles y generan la duda si realmente quieren participar o buscan que se les diga No.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 24 de diciembre de 1999