Inevitablemente, dadas nuestras características socio demográficas y geopolíticas, el acontecer político o económico en la vecina orilla incide sobre nuestra realidad en alguna forma. Esta es una realidad que nos muestra la historia, y nada hace pensar que ello haya cambiado. Por lo tanto, un cambio de gobierno en la República Argentina, inevitablemente incide en Uruguay y en los uruguayos.

El fin de semana pasado, nuestros vecinos eligieron un nuevo gobierno, que comenzará a regir antes de fin de año. No fue un simple cambio de gobierno. Para empezar, una cuarta elección democrática consecutiva supone un hecho histórico para un país que nunca conoció tanta bonanza democrática. Pero también supone que los argentinos votaran por un cambio, mostrando su disconformidad con la actual conducción. Más allá que el presidente, Carlos Menem no lo admita, la interpretación de la derrota justicialista no puede quedar reducida a un mal candidato, como efectivamente lo era Duhalde. En las urnas se expresó un descontento por una conducción económica y social del país, descontento que se canaliza por la búsqueda de "algo" diferente. A pesar de que la Alianza entre los radicales y el Frepaso asegura mantener la estabilidad, su discurso se centró en el cambio. Aquí no hay izquierdas y derechas, porque sería muy difícil ubicar al Dr. De la Rúa, viejo radical balbinista, dentro de la izquierda e incluso el propio Frepaso que aunque cobija pequeños sectores socialistas, en lo sustancial se nutre de ex peronistas enemistados con Menem. El tema pasa por las imágenes que se transmiten y por como la ciudadanía finalmente las toma para su posicionamiento político. En este sentido, creo que las cosas resultan más claras, la Alianza es la oposición, la respuesta contestataria a la conducción que el país vecino tuvo durante estos 10 años.

Sin embargo, los argentinos seguramente no votaron dando un paso al vacío. Buscaron el cambio pero bajo ciertas garantías de estabilidad, seguramente recordando la etapa previa al primer gobierno de Menem. Y aquí es donde subyace la contradicción principal que sufren muchos de los pueblos de América del Sur. Recelan, temen y se oponen a muchas de las reformas económicas que se han instrumentado en todos los países durante esta década. Temen por su seguridad laboral, recelan de las privatizaciones y de la pérdida de poder de los estados, disfrutan de las comodidades que la nuevas tecnologías y las aperturas de mercado generan en la mayoría, pero a su vez recelan de ellas. Disfrutan de la mayor libertad individual y de la estabilidad económica pero añoran los estados paternalistas. Disfrutan de la democracia pero desconfían de los políticos y rechazan la corrupción. Es por ello que se mueven en esta dicotomía, de la cual la última elección argentina es un buen ejemplo, estabilidad macroeconómica, mayor consumo y democracia, pero con el viejo estado paternalista, hiperregulador e intervencionista. En realidad están pidiendo algo muy lógico, crecimiento con certezas y seguridades. El problema que estas certezas se buscan por el lado equivocado, porque las seguridades que nos dio el aquel estado benefactor, luego tuvimos que pagarlas muy caras.

En esta década, los países del continente, con distintas particularidades y ritmos, recorrieron el camino de los ajustes fiscales y reformas económicas. La excesiva confianza en que el Estado garantizara el crecimiento económico no había rendido sus frutos, por el contrario en lugar de proteger a sus sociedades de las conmociones externas la presencia del Estado disminuyó la capacidad de respuesta y los sectores dirigentes comenzaron a comprender que las políticas intervencionistas no podían mantenerse más. La globalización llegaba a nuestro continente, encontrándolo desarmado, endeudado, con estructuras rígidas y marcadas desigualdades sociales. A partir del 89 se intensifica y generaliza un marcado proceso de reformas, donde se abrieron las economías a la competencia internacional, se pusieron en marcha programas de estabilización y en varios países se privatizó un gran número de empresas estatales. Países que 10 años atrás estaban prácticamente desahuciados eran un objetivo apetecible para los capitales internacionales. Sin embargo, hoy a fin de siglo los desafíos continúan siendo muy importantes, incluido el mantenimiento de una política macroeconómica prudente, la gestión eficiente de la entrada de capitales, el alivio de la pobreza, el aumento significativo del ahorro interno, y la creación de bases institucionales sólidas en los económico, social y político para un crecimiento y un desarrollo a largo plazo.

La consolidación política e institucional de las reformas y una nueva comprensión del rol del Estado es una fase de la que aún distamos mucho. Esta fase de madurez es posible alcanzarla cuando se logra un reconocimiento generalizado de que las reformas están produciendo resultados sólidos y perdurables, y cuando se ha logrado modernizar las instituciones de forma tal que incrementen la transparencia de los procesos económicos y políticos, generando una protección de la economía de los efectos inmediatos de los ciclos políticos. Hoy sufrimos los efectos de un ciclo recesivo, los cuales prometen ser cada vez más largos y donde las economías que no completaron su proceso se muestran como muy vulnerables. Ello hace que la población, que no se la hizo partícipe de estos procesos de reforma, desconfíe, recele y tenga miedo, prefiriendo las viejas certezas del estado benefactor. Aquí radica buena parte de los procesos sociales que buscan el "cambio" por la vía electoral y que en algunos discursos ambivalentes, encuentran respuesta a sus demandas contradictorias.

Por: Juan Carlos Doyenart
Publicadas en El Observador - 30 de octubre de 1999